Juicio Político

Cecilia Licona Vite

Las conductas ilícitas en el desempeño de funciones públicas ha sido motivo de reprobación social y jurídica a lo largo del tiempo. En las últimas décadas, gracias a la creciente participación social en las cuestiones políticas y de gobierno, se condujo a que el propio aparato público ajustara las disposiciones constitucionales, legales y administrativas en la materia, y acrecentara las dependencias y entidades competentes para el respectivo ramo.
De tal manera, de un andamiaje de responsabilidades oficiales acotado pasamos institucionalmente a otro explícito, cuyo contraste probablemente convendría tenerse por mejor explicado a partir del criterio de la evolución de la sociedad y de todas sus instituciones públicas, junto con la realidad de los claroscuros en cualquier época. En ese contexto, el juicio político y el procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos están en la cúspide del sistema disciplinario público, toda vez que se ventilan en el seno del Congreso.