La Comisión deberá legislar tomando en cuenta las opiniones de las instancias del Ejecutivo Federal, con los gobiernos de los estados de la República y del Distrito Federal, con los particulares que se dedican a la construcción, financiamiento y venta de vivienda, así como con la sociedad civil organizada, para que, en cumplimiento del mandato constitucional ya señalado, las familias mexicanas cuenten con una vivienda decorosa, digna, de calidad y al alcance de sus capacidades.

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