Diputado Rogelio Cerda Pérez.
Presidente de la Comisión de Defensa.

Le remito a continuación los comentarios que amablemente me solicitó sobre:

LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Debo decir, de entrada, que el tema de la Seguridad Nacional (SN) es demasiado serio como para que se intente medrar políticamente con el mismo. En materia de SN es preceptivo conseguir el más amplio respaldo de las fuerzas políticas y la más cabal comprensión de la sociedad sobre los alcances de la ley y los bienes a tutelar. Me parece saludable, en consecuencia, que los señores y las señoras diputados, no olviden la relevancia del tema y ponderen con gran serenidad todas sus implicaciones.

Digámoslo con claridad: es crucial (para cualquier democracia) encontrar un equilibrio virtuoso entre la eficacia del gobierno para enfrentar emergencias y la conservación de sus libertades. Es crucial igualmente que las facultades extraordinarias conferidas a distintas instituciones (Fuerzas Armadas, Policía Federal, por ejemplo) para enfrentar las emergencias en ciertas regiones del país, estén claramente delimitadas. Cuando el funcionamiento normal de las instituciones locales se vea rebasado por factores disruptivos de naturaleza criminal o por un desastre natural, la suplencia de las mismas, por instancias federales, debe estar enmarcada en una legislación especial que al tiempo que haga explicita la naturaleza de la emergencia y deje en claro que las fuerzas federales están allí porque el gobierno local requiere auxilio (y no por un afán de someter a los gobiernos locales). El despliegue debe, en todo caso, garantizar la conservación de las libertades y el mínimo vital que las instituciones deben ofrecer en materia de gobernabilidad mientras no se proceda a la suspensión de garantías prevista en nuestra Constitución.

Es, a mi juicio, absolutamente prioritario que el proceso para declarar la afectación a la seguridad interior contemple cinco elementos:

1) Respete y conserve las atribuciones del gobierno federal en materia de seguridad nacional.
2) La petición de afectación a la seguridad interior debe provenir de una petición expresa y fundada de los Ejecutivos de las entidades federativas. Debe existir una responsabilidad política y legal de los gobiernos que piden el auxilio para evitar las ambigüedades.
3) Se debe establecer el mandato (igual que ocurre con la Operaciones de Paz de la ONU) con un calendario preciso (revisable cada año), así como las atribuciones específicas y las responsabilidades de cada uno de los participantes.
4) Se debe aprobar por el Consejo de Seguridad Nacional después de una deliberación de carácter urgente. En un determinado plazo, un año por ejemplo, este órgano hará una reevaluación del despliegue.
5) Se debe escuchar la opinión de la Junta de Coordinación Política del Senado sobre el mandato. De manera particular, me parece que esa instancia del Senado se debe pronunciar sobre las responsabilidades políticas que asume el gobierno local que pide el auxilio para restaurar en el plazo más breve la normalidad propia de un Estado federal y evitar derivas centralistas.

Tengo conciencia de que no es cosa fácil conciliar estos factores, porque en muchos casos los poderes locales piden el auxilio de fuerzas federales sin que se reconozca la situación extraordinaria y tienden, a medida que se complica el contexto politico y de opinión publica, a eludir sus responsabilidades frente a sus gobernados por el deterioro de la seguridad interior de sus demarcaciones. Los costos de la operación pueden, con facilidad, ser endosados a las instancias federales y por lo tanto la solución federalista (que pasa por el incremento de las responsabilidades del gobierno local a fin de que el federal haga solamente aquello que no pueden hacer los gobiernos locales municipales) se hace cada vez menos factible. Una Federación vertebrada y segura requiere que cada una de sus partes pueda garantizar, de forma soberana, su gobernabilidad interna y las intervenciones del gobierno nacional deben ser la excepción y no la norma.

Una buena ley SN parte del supuesto que el bien a tutelar no es la emergencia. El fin último de la SN es crear las condiciones para desplegar con plenitud los objetivos nacionales. Las capacidades del Estado son un medio para conseguir un fin y éste es preservar una vida democrática y federal con reglas de universal observancia. En una Federación puede ocurrir (es el caso de México) que los gobiernos locales no puedan garantizar el mínimo vital de seguridad a sus ciudadanos y es ese el supuesto en el que la suplencia federal debe operar. El riesgo mayor es que la intervención federal se convierta en un sistema.

Ahora bien, si asumimos esa realidad y nos dotamos de un marco jurídico apropiado para que el despliegue federal ofrezca certeza a la sociedad y al propio ejército, tendremos un gran avance. Eso no quiere decir que se confieran facultades especiales. La situación especial no se deriva de una petición del gobierno de la Republica para desplegar su esfera de influencia y alterar la esencia del pacto federal. La situación especial es en gran medida producto de las debilidades de los gobiernos locales para ejercer sus funciones y garantizar el funcionamiento institucional previsto en la constitución.

Es importante señalar, igualmente, que los actores disruptivos (terrorismo o crimen organizado) tienden a generar un doble y pernicioso efecto y es que presionan las capacidades del Estado y al mismo tiempo alteran el sistema nervioso de las sociedades. Vale la pena recordar que hace diez años a nuestros vecinos Al Qaeda los puso en esa tesitura y la respuesta fue la peor que pueda imaginarse. Una sociedad alterada y aterrada permitió que el estado de emergencia se rutinizara. En el paroxismo de la histeria se aprobaron legislaciones como el Acta patriótica y se le dieron a las agencias de seguridad atribuciones para espiar a los ciudadanos y detener a extranjeros de manera arbitraria (Guantánamo es el peor ejemplo). En otra parte del mundo (España y Reino Unido) la reacción fue mucho más ponderada. Británicos y españoles (con buen criterio) decidieron que la lucha contra los enemigos del Estado y la sociedad debería hacerse con la legislación ordinaria. La clave del éxito es mejorar la coordinación nacional e internacional y hacer más eficientes en terminos analiticos y de capacidad de informacion a los aparatos policiales. Los especialistas lo saben bien: las capacidades y atribuciones especiales deforman a las fuerzas de seguridad y pueden generar abusos y atropellos a los derechos humanos que a la larga son mas costosos y no garantizan que la sociedad vivirá más segura. Es una tentación ruinosa imaginar ese escenario.
Para avanzar en el debate me parece que es útil despejar el terreno de dos argumentos particularmente corrosivos e injustos. 1) Que se quiere militarizar al país con una suerte de golpe de estado silencioso. 2) Que en el fondo lo que se busca es criminalizar la protesta social y no combatir a las estructuras criminales.

Por lo menos desde que el Presidente Ernesto Zedillo nombró al General Salgado jefe de la policía en el DF, el tema del soporte jurídico para que las fuerzas armadas apoyen en tareas de seguridad pública, está abierto. Nuestro ordenamiento juridico confiere a las fuerzas armadas sus misiones y su razon de ser. Si este país estuviese en la ruta de que los civiles asumieran en Guerrero o en Tamaulipas, en Michoacán o en Chihuahua sus funciones, viviríamos en un país en donde los gobiernos locales garantizarían el orden y los soldados y marinos estarían en sus cuarteles atendiendo a sus misiones y mandatos.

Me parece increíble que se legisle pensando en que el objetivo central es contener los riesgos de la militarización al tratar de someter a un gobierno local u otra autoridad el mando de la fuerza ¡si el ejército se ha desplegado a petición de los gobiernos locales rebasados por la dinámica criminal! De fuerzas de apoyo a los gobiernos locales para restaurar su seguridad interna, pasarían a ser tratadas casi como fuerzas centralistas. Omitir esta circunstancia en el diagnóstico y afirmar que se oye “ruido de sables” para desfondar la democracia es una falsedad y sobre todo es ofensiva para un ejército que ha tenido una obediencia ejemplar al mando constitucional. El ejército no está usurpando nada, al contrario se le está sobrecargando de misiones y eso es algo que debemos valorar colectivamente. Las Fuerzas Armadas están haciendo lo que muchos gobiernos locales no han hecho y en el corto plazo tampoco harán, porque no tienen (salvo excepciones) el compromiso político ni las capacidades institucionales para hacerlo. Ese es el problema central y eso es lo que se debería corregir. El principal riesgo a la seguridad nacional es que las organizaciones criminales controlen mayores espacios de poder en la estructura territorial. Hoy controlan territorios y probablemente municipios. Mañana controlarán estados completos si no se revierte el proceso. Por eso, el despliegue de las fuerzas armadas debe ser visto desde ese prisma, como dique ultimo, y ser respaladado con una buena ley y generosidad patriótica.

Por otra parte, más allá de los (burdos) cálculos de algunos sectores (que siguen coqueteando con la idea de que vendrá una gran represión de vaya usted a saber que movimiento), la verdadera amenaza es que la demencial violencia criminal convive con una incapacidad estructural de agentes migratorios y aduanales, policías locales, jueces y ministerios públicos, alcaldes y gobernadores que son suplidas (no siempre con éxito) por las fuerzas federales. ¿No bastan los genocidios de Tamaulipas o las muertas de Juárez, o las fosas de Durango para constatar que la violencia criminal está despedazando la moral pública y el prestigio del país? ¿No es suficiente el deterioro de la convivencia en Acapulco, Torreón o amplias zonas de Michoacán? En Tamaulipas han muerto más personas que en Aguas Blancas y Acteal, matanzas que en su momento horrorizaron a este país. Ese es nuestro principal desafío. La situación es muy grave como para seguir rizando el rizo.

Respetuosamente les expreso: no olvidemos que la seguridad no es incompatible con una democracia regida por el derecho, pero sin gobiernos locales que funcionen, seguiremos viviendo en la zozobra y exponiendo a nuestras fuerzas armadas a que aprovechando rendijas legales se abolle el prestigio de una de las instituciones más valoradas por los mexicanos. Por lo tanto, la ley en cuestión debe blindar jurídicamente su participación y evitar un deterioro de las relaciones cívico militares.