• La votación fue de 360 sufragios a favor, 127 en contra y 2 abstenciones

El Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó hoy con 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones, el dictamen, en sus términos, elaborado por la Sección Instructora y en el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra del C. Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los resolutivos del dictamen y en términos del párrafo séptimo del Artículo 111 de la Constitución Política, queda separado inmediatamente de su cargo de Jefe de Gobierno, en tanto esté sujeto a proceso penal, y en consecuencia, puesto a disposición de las autoridades competentes para que actúen con apego a la ley. Ello, por la comisión del delito previsto y sancionado por los artículos 206 de la Ley de Amparo, y en relación con el 215 del Código Penal Federal.

Además, la declaratoria señala que no se prejuzga la existencia del delito o probable responsabilidad penal del funcionario, por lo que quedan intocadas las facultades legales del Ministerio Público de la Federación y las autoridades jurisdiccionales, para que, en ejercicio de sus funciones, realicen las actuaciones pertinentes.

En el documento instruye notificar al titular del gobierno capitalino y, por oficio, al agente del MP y al Ejecutivo Federal para los efectos legales a que haya lugar y su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Previo al posicionamiento del Ministerio Público Federal y del Jefe de Gobierno de la ciudad de México, el diputado Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, hizo la declaratoria formal para que este órgano legislativo se erigiera en Jurado de Procedencia.

Del mismo modo informó que el mandatario local no presentó incidente alguno de recusación, por lo que se procedió a dar lectura al acuerdo parlamentario que norma el procedimiento a seguir en esta sesión y a la síntesis y parte resolutiva del dictamen.

Posteriormente, fue leído el voto particular presentado por el diputado Horacio Duarte Olivares, presidente de la Sección Instructora donde se establece la improcedencia de la solicitud formulada por el Ministerio Público Federal, toda vez que carece de sustento jurídico.

Se abre el debate

Al dar inicio el debate en la tribuna, el legislador de Convergencia, Jesús González Schmal, habló en contra del dictamen y señaló que no se puede desorbitar la función de la soberanía, más aún cuando es la Cámara de Diputados quien tiene la obligación de respetar la Carta Magna, para evitar arbitrariedades que deslegitimen el ejercicio de cualquier gobierno.

Agregó que se debe cumplir con la Constitución, en pro de la democracia, así como exigirle respeto al orden jurídico, apegándose a lo instrumental y sin propósitos partidistas.

Al hablar en pro del dictamen, el diputado de Acción Nacional, Álvaro Elías Loredo, señaló que es el respeto al Estado de Derecho el que permite construir una mejor democracia, recalcó que no se puede aceptar la premisa Gana los votos y haz lo que quieras, cuando se pretende dejar claro que los gobernantes deben ser los primeros en sujetar su actuación ante la ley.

Reiteró que una vez demostrado jurídicamente que existen elementos para proceder penalmente en contra del Jefe del Gobierno, no se puede someter a la opinión pública argumentos basados en mentiras y engaños.

Subrayó que “si en México se deben respetar los derechos, se deje constancia que a gritos o sombrerazos cualquiera puede convertir su derecho en ley”.

En tribuna, Oscar González Yáñez (PT) enfatizó que con el desafuero, el futuro de México es negro ya que la ambición “desmedida” de poder por parte de algunos partidos los lleva a poner en riesgo la estabilidad económica del país.

Lo único que se va a conseguir, añadió, es desacreditar a México, pues de manera irresponsable se está poniendo en peligro el equilibrio macroeconómico. “Vamos a un descarrilamiento de nuestra ya de por sí precaria economía”, aseveró González Yáñez.

El diputado Jorge Romero Romero (PRI) aseguró que por encima del Estado está el Derecho, es decir, todos sus actos están subordinados a una regla superior al que lo limita e impone deberes.
Lo anterior se refiere al principio de la legalidad y sólo admitiéndolo el individuo puede sentirse protegido contra los abusos de poder. La autoridad, dijo, sólo puede hacer lo que la ley le permite, lo contrario sería el inicio de la anarquía basada en el populismo.

Romero Romero indicó que el fuero no debe ser guardián de la impunidad para que a un ciudadano se le niegue la justicia, la Ley de Amparo no tiene que ser letra muerta, insistió. “Si las resoluciones de un juez de amparo no se respetan por la autoridad, de nada sirve la Ley ni la autoridad”.

También, en contra, el diputado por el PRI, Roberto Campa Cifrián, manifestó que no comparte la postura de los integrantes de la Sección Instructora y de su partido, debido a que “estoy convencido que justicia selectiva es todo, menos justicia, y sabiendo que suceden desacato de incidentes de amparo, todos los días, en todo el país, no se conoce ningún otro caso de solicitud de desafuero”, apuntó.

Abundó que este juicio tiene una razón y una motivación política y es que se utiliza la ley para eliminar a un adversario, “el origen no es que López Obrador sea un delincuente peligroso, es que es un candidato peligroso”, por eso no se procede contra ningún otro servidor público que se encuentre en las mismas condiciones, reconoció Campa Cifrián.

El legislador argumentó que haciendo justicia selectiva se busca hacer democracia selectiva, por lo que invitó a reflexionar sobre si es ésta una manera legítima de resolver la elección del 2006, cancelando una de las opciones de nuestra democracia.

En pro del dictamen, Federico Döring Casar (PAN) señaló que Andrés Manuel en su discurso hizo una acusación dolosa al ministro Mariano Azuela, la cual no sólo es cobarde sino falaz y carente de todo sustento, debido a que los dos juzgados de distrito y los dos tribunales colegiados que conocieron este proceso, lo hicieron en términos de una presidencia de la Suprema Corte que no es la actual.

El diputado aclaró que no está en duda la legitimidad de López Obrador, ni de su mandato, porque llegó por el voto popular. Es mayor la legitimidad política del poder aquí representado porque es una legitimidad plural y nacional, no estatal y no se debe hacerse distingo entre la legalidad y validez de uno y otro.

Recalcó que nadie le va a arrebatar derechos políticos al inculpado, no se prejuzga sobre si es inocente o culpable, “pero nadie, ni siquiera él mismo ha aportado una prueba de descargo sobre que no violó la abstención definitiva, no suena muy inocente alguien que dice que se va a defender desde la cárcel, no se una muy convencido de su inocencia quien no es capaz de argumentarla jurídicamente y recurre sólo a la dialéctica política”, aclaró.

Para manifestar el voto del PRD contra el dictamen, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (PRD), cuestionó cuál es la razón política que motiva a someter de inmediato a un funcionario público por un presunto delito menor, no grave, sobre el que no existe certeza jurídica de su comisión y su imputabilidad dolosa, con perjuicio del interés colectivo de los gobernados, que verán interrumpida una gestión eficiente.

Indicó que no se acredita el delito de violación a la suspensión, ni la responsabilidad del Jefe de Gobierno en la comisión del delito, y afirmó que “la declaración de procedencia es una decisión de carácter eminentemente político”.

Se trata de un Jefe de Gobierno sencillo y eficiente, cesado en su encargo en perjuicio de los ciudadanos, “como consecuencia de una manipulación del derecho para sostener, a toda costa, la comisión de un ilícito inexistente”, enfatizó.

Más adelante el priísta Jorge Uscanga Escobar, al manifestar su voto a favor, afirmó que no se trata de ataques infundados, móviles políticos, ni de otra naturaleza fuera de lo estrictamente jurídico, pues “se desobedeció el cumplimiento de un auto de suspensión definitiva, debidamente notificada”.

Indicó que existen elementos suficientes para remover el fuero como obstáculo para que la autoridad competente proceda en consecuencia y conforme a derecho y negó que se pretenda descalificar a un adversario político por medio de argucias jurídicas. “La premisa esencial es reconocer y defender el principio fundamental de que la ley es dura, pero debe aplicarse sin distinción alguna”, abundó.

Enfatizó que la desobediencia a una suspensión definitiva no es un asunto menor, pues no si no se asegura en los hechos a los gobernados que sus garantías y derechos están salvaguardados por la ley y que sus gobernantes están obligados a respetarlos, se estaría gestando el más duro golpe a la seguridad jurídica, a la credibilidad y confianza a las instituciones.

En contra, el diputado Horacio Duarte Olivares (PRD) dijo que el desafuero es una irracionalidad y que el dictamen tiene una serie de inconsistencias y contradicciones.

Añadió que por un lado señala que el Jefe de Gobierno tuvo una participación material en los actos reclamados y por otro, que no sería culpable si hubiera ordenado de manera expresa y contundente que se paralizaran las obras.

Agregó que la Sección Instructora, por mayoría, le corrigió la plana, jurídicamente hablando, a la PGR, al aprobar que el delito que se le señala al Jefe de Gobierno es por omisión y no comisión por omisión.

“La Instructora sabe, reconoce, que la acusación de la PGR estaba mal enfocada, aún así hay contundencia que esta acusación es falsa, temeraria y responde a los intereses políticos”, advirtió.

En pro, el diputado Juan de Dios Castro Lozano (PAN) dijo que se le ha requerido a López Obrador que cumpla con la sentencia definitiva y no lo ha hecho, ya que él esperaba el cumplimiento sustituto.

Agregó que “era una ruindad para evitar daños y perjuicios, ejecutar a un particular, ni siquiera en beneficio de la comunidad del Distrito Federal”.

“Don Andrés, de mala fe, quiso llegar para cumplir con estas demandas que están en el expediente. Dijo: “yo llego, no cumplo la suspensión, va a ganar el quejoso el amparo y al ganar el quejoso el amparo diré que no puedo cumplir la sentencia, porque hay vialidades y quiero el cumplimiento sustituto”, puntualizó.

En contra del dictamen el diputado Pablo Gómez Álvarez (PRD) afirmó que toda la causa del desafuero es inexistente, porque no había accesos de predio alguno. Abundó que para hacer 200 metros de calle no se requieren 11 meses y los 200 metros no se hicieron nunca, las obras se suspendieron y la resolución del juez se cumplió.

Precisó que “ha quedado en evidencia completa que los accesos al predio El Encino no existían en el momento de la solicitud de amparo y, por tanto, tampoco en el momento en que el juez dictó la suspensión definitiva, que ordenaba a no bloquear dichos accesos, el corte de terreno ya se había hecho”.

Indicó que “el Presidente de la República inicia la aventura del desafuero y al PRI se le hace agua la boca, chorrean, les sale espuma por la boca, quieren evitar la confrontación política”.
Sugirió a los priístas que se cambien de partido para el PAN, “puesto que son hoy día, en este jurado de procedencia, el cabus del Presidente panista, Vicente Fox, ustedes los del PRI”, dijo.

En su turno, en pro del diputado Francisco Arroyo Vieyra (PRI) aseguró que en una sociedad democrática nadie tiene el monopolio de decidir y definir el interés general.

Puntualizó: “no acepto, no puedo, no debo, no son nuestros los epítetos que el presunto o probable responsable vino aquí a tratar de endosar a los compañeros de bancada, vamos a votar con toda libertad y compromiso y tratar de encarrilar socialmente la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos”.

Agregó que “no es sometimiento al poder, es espíritu de cuerpo, es espíritu de partido, es comunicación entre nosotros, es darle un rechazo y un no rotundo y contundente a ese falso maniqueísmo que quiere ver en quienes votan de un lado o quienes votan de otro, toda la maldad o toda la bondad posible”.

Resaltó que el Jefe de Gobierno no está en la indefensión, que la soberbia es mala consejera y no se puede aceptar que la política y la vida nacional gire alrededor de una sola persona, porque cuando ello se ha dado en la sociedad mexicana y en la historia los resultados han sido malos.

Fundamentación del Ministerio Público Federal

En representación del Ministerio Público Federal, el subprocurador de la Procuraduría General de la República, Carlos Javier Vega Memije, acusó que quedó demostrado que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal desobedeció durante 11 meses una suspensión definitiva otorgada por un juez dentro de la tramitación de un juicio de amparo (número 872/2000 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal) para suspender obras de vialidad en el predio conocido como El Encino.

Argumentó que el Jefe de Gobierno, “abusando de su poder, desacató la orden expresa y clara de que debía suspender las obras de apertura de vialidades en un predio cuya expropiación estaba cuestionada por ilegal y que debía abstenerse de cancelar o bloquear al propietario los accesos al predio”.

En su discurso, el funcionario reiteró que la investigación inició por denuncia del propio juez de amparo que resolvió que se había desobedecido la resolución por él ordenada.

Es de destacar, agregó, que la orden del juez fue debidamente notificada el día 22 de marzo del 2001 y no obstante la suspensión fue desobedecida, la violación a la suspensión fue declarada por el juez el 30 de agosto del 2001 y después de ello, durante cuatro ocasiones más, requirió al jefe de gobierno para que informara sobre el cumplimiento de esta suspensión, sin que la misma haya sido obedecida en los términos de ley.

En este sentido y tras lo expuesto, solicitó al Jurado de Procedencia aprobar el dictamen de la Sección Instructora que concluye que ha lugar a proceder penalmente en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, “por ser probable responsable en la comisión del delito previsto y sancionado por los artículos 206 de la Ley de Amparo y 215 de del Código Penal Federal”.

El subprocurador Vega Memije subrayó que el Ministerio Público Federal acudió para cumplir con una responsabilidad constitucional, “no para hacer política”, y que el dictamen mayoritario de la Sección Instructora concluye con base en las resoluciones judiciales y las constancias procesales que obran en el expediente, que ha lugar a proceder penalmente en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en virtud de que se encuentra acreditado el cuerpo del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo y la probable responsabilidad del servidor público en su comisión.

“Es falso el discurso en el sentido de que el asunto que nos ocupa tiene motivaciones políticas, la declaración de procedencia tiene como efecto remover la protección constitucional al Jefe de Gobierno de la capital para que se someta a la jurisdicción de los tribunales y sean éstos quienes decidan sobre la responsabilidad penal”.

Por todo lo anterior, dijo, “resulta falso y tendencioso lo que ha venido sosteniendo el Jefe de Gobierno en el sentido de que se le quiere castigar por abrir una calle y beneficiar a uno de los hospitales privados más caros del país. No es eso, estamos aquí porque se desafió y se desobedeció el mandato del Poder Judicial de la Federación, estamos aquí porque dos órganos, primero un juez de distrito y luego un tribunal colegiado, resolvieron en forma definitiva que había desobedecido la suspensión concedida a un particular”.

Añadió que resulta de capital importancia para la protección de la Constitución, del juicio de amparo y de los derechos de los particulares, que se respeten las decisiones de los jueces, pues de lo contrario se disloca el sistema constitucional y los gobernantes se colocan por encima de los gobernados, por encima de las leyes que los rigen y con perjuicio a la democracia y a las libertades.

“La ley es el único límite a la arbitrariedad, si permitimos su violación por parte de las autoridades, consentimos el autoritarismo como forma de gobierno ¿cómo vamos a tener una justicia sólida si las autoridades no nos sujetamos a la ley ni a las determinaciones del Poder Judicial? Las instituciones y las leyes fueron hechas para proteger al ciudadano del abuso del poder”, mencionó.

Defensa del Jefe de Gobierno

En su defensa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha violado la Ley, que jamás ha actuado en contra de la justicia y que nunca firmó ningún documento u ordenó que no se respetara la suspensión del amparo otorgado al presunto dueño del predio El Encino, hay constancias de que todos los servidores públicos responsables del caso cumplieron con su deber.

Agregó que “el juez administrativo no se tomó la molestia de presentarse en El Encino para verificar si se daban o no las conductas de violación que me atribuyen y que se limitó de recibir los dichos de sus empleados”.

“Con estas pruebas ilegales se me acusa. Es más, el supuesto dueño del terreno, primero reclamaba una propiedad de 100 mil metros cuadrados, luego presentó una escritura ante el Ministerio Público de 86 mil metros cuadrados y en el Registro Público de la Propiedad aparecen sólo 83 mil metros cuadrados y que el tramo en cuestión ni siquiera es de su propiedad”, dijo.

Destacó que quienes lo acusan lo hacen con dolo y mala fe y que se le juzga no por violar la Ley, sino por su manera de pensar y actuar, así como por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro del país.

López Obrador aseguró que hoy se debaten dos proyectos de nación distintos y contrapuestos a los que verdaderamente mandan, junto con los que mal gobiernan al país. “Les preocupa y les molesta que nuestro programa en la ciudad, de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, salud, de educación y vivienda y de apoyo a los más humildes y olvidados se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional. Ese es el fondo del asunto. Por eso y por ninguna otra causa nos quieren atajar y me quieren quitar mis derechos políticos con miras a las elecciones del 2006”.

Quienes me difaman, calumnian y acusan, señaló, “son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que mantienen a toda costa una política antipopular y entreguista. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, algo que aún no consiguen tras la entrega sucesiva de los bienes nacionales. Son los que utilizan al Estado para defender intereses particulares y rescatar instituciones financieras en quiebra”.

El Jefe de Gobierno de la ciudad de México reveló que “un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Ofarril, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano presidente de la República, palabras más, palabras menos: nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la Reforma Fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegué a la Presidencia”.

Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al Presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica ese desafuero tramado desde los pinos, advirtió.

En este sentido, acusó al Presidente Vicente Fox Quesada de “actuar de manera facciosa con el propósito de degradar las instituciones de la República en complicidad del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, “quien supeditó los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento”.

Cuestionó sobre “¿qué Estado de Derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo de sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo Federal? El derecho que ha imperado ha sido el del dinero y el del poder por encima de todos”.

Dijo estar orgulloso de ser acusado por quienes ofrecieron un cambio, “por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre”.

Aseguró a los diputados del Jurado de Procedencia que no recurriría al amparo, ni a solicitar libertad bajo fianza, porque no es culpable.

“Así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra y en contra de quienes luchan por la democracia y rechazan la injusticia. Tampoco voy a recurrir a artimañas o a negociaciones vergonzosas, ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la República podría justificar el hacer a un lado la dignidad y los principios”, concluyó.