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• Proponen crear la Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad

Es indispensable tener un marco jurídico que permita que los centros penitenciarios federales cuenten con estándares mínimos de seguridad para resguardar, como lo ordena la Constitución, los derechos humanos de los internos.

Así lo indicó la diputada Lizbeth Rosas Montero (PRD) al proponer ante el Pleno la creación de la Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Agregó que las recientes fugas de importantes narcotraficantes, los homicidios dentro de los penales y prácticamente el régimen de autogobierno en cárceles son un foco rojo que las autoridades de seguridad pública federal están obligadas a prevenir, investigar y propiciar la intervención del Ministerio Público para sancionar conforme a la ley.

El objetivo de la iniciativa es organizar el sistema penitenciario federal bajo los principios de legalidad, certeza jurídica y protección de los derechos humanos de los internos.

En 1971 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, sin que a la fecha haya tenido cambio estructural que permita contar con una legislación acorde a los cambios que ha sufrido el país.

Lizbeth Rosas comentó que no se puede negar que uno de los problemas más graves que tienen los Centros Federales de Readaptación Social lo constituyen las violaciones a las garantías individuales de los internos.

La legisladora señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha tenido obstáculos para supervisar y verificar el grado de cumplimiento y el respeto a las normas internaciones que en materia de garantías individuales México se ha comprometido a cumplir.

De igual forma, la CNDH establece que las irregularidades que se cometen en los Ceferesos son: condiciones degradantes del régimen de visita familiar, exceso en la aplicación de la segregación, violación de la garantía de inviolabilidad de la correspondencia, trato cruel por actos de vigilancia excesiva y tortura, entre otros.

Es por ello, indicó la diputada, que resulta imperioso legislar en materia de centros federales de ejecución de sentencias. “Tenemos la obligación ética y política de brindarle a la autoridad administrativa las bases para que cumpla con su trabajo de manera más eficiente y sin vulnerar no sólo la ley, sino la dignidad humana, que es la fuente, el sentido y el fin intrínseco de aquélla”, puntualizó.

La Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad pretende que ninguna decisión de autoridad que afecte la esfera jurídica concreta de un interno quede al ámbito discrecional y subjetivo de quien concede o no un beneficio de libertad.

La iniciativa sugiere representar fundamentalmente la seguridad jurídica y el principio de legalidad en todos y cada uno de los actos de autoridad penitenciarios que afecten la esfera jurídica de los reclusos.

Posteriormente, se estableció que las comisiones de Seguridad Pública y Justicia y Derechos Humanos serán las encargadas de estudiar y, en su caso, dictaminar la propuesta de la diputada Lizbeth Rosas Montero, por la que se crearía la Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.