• Buscará que las autoridades fiscales actúen de manera eficaz y apegadas a la legalidad

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 354 votos a favor y una abstención, el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

El objetivo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir justicia federal en materia fiscal mediante la asesoría, representación, defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones.

Será un organismo público, descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía presupuestaria, técnica y de gestión.

Investigará las quejas de los contribuyentes afectados debido a presuntas violaciones a sus derechos por las autoridades fiscales federales y, en su caso, formulará recomendaciones públicas no vinculatorias respecto a la legalidad de estos actos.

En el uso de la tribuna y para fundamentar el dictamen, Gustavo Enrique Madero Muñoz (PAN) indicó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente representa un avance en el sistema jurídico mexicano, ya que tiene como objetivo principal otorgar las garantías de seguridad jurídica a los contribuyentes que presenten alguna controversia ante la autoridad fiscal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público reconoció que el contribuyente se encuentra en estado de indefensión ante el mando recaudatorio, por ello las instancias legislativas consideraron necesario establecer la asesoría, representación y defensa al usuario en materia fiscal.

El legislador argumentó que las funciones de la Procuraduría no deben contemplar la conciliación entre el Fisco Federal y los causantes, toda vez, dijo, que las contribuciones son de interés público e impuesta por el Estado.

En cuanto a la designación del titular de la Procuraduría, Madero Muñoz informó que se propone que el Ejecutivo Federal someta una terna al Senado de la República o a la Comisión Permanente.

El diputado señaló que se busca apoyar y proteger a miles de ciudadanos de este país, “brindándoles la procuración de la justicia fiscal que les permita el cumplimiento de sus obligaciones y el reconocimiento de sus derechos como contribuyente”, finalizó.
Para fijar la posición de su grupo parlamentario, el representante popular Jesús González Schmal, de Convergencia, puntualizó que emitir esta Ley significara contar con un ombudsman del causante o del obligado al pago de tributos.

Solicitó a los legisladores tener conciencia sobre lo que se aprueba, pues la reforma completa el círculo entre el causante como contribuyente, el Estado como colector de contribuciones y su reciprocidad, en el sentido de que esas contribuciones no sólo deben ser legítimas, sino debidamente utilizadas en el manejo de los recursos del pueblo para que incidan en la mayor riqueza, distribución y oportunidades de desarrollo para todos.

González Schmal concluyó que la existencia de este organismo invitará a un mayor número de contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, “a sabiendas que un Procurador observará la actitud de recaudación del fisco para que éste no sobrepase los lineamientos legales, justos, que no cometa arbitrariedades o no se exceda o extralimite en sus facultades”.

Se aprobaron artículos reservados

El Pleno aprobó por 356 votos a favor y cinco abstenciones los artículos reservados propuestos por los legisladores Francisco Luis Monárrez Rincón y Héctor Gutiérrez de la Garza, ambos del PRI y de Guillermo Huízar Carranza, del PRD.

La modificación propuesta por el diputado priísta Francisco Luis Monárrez Rincón, quien se reservó el artículo 2º, párrafo primero, a fin de que se suprima las palabras: Con domicilio en el Distrito Federal y quede: “la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con plena autonomía presupuestaria técnica y de gestión”.

También se aceptó la propuesta del perredista Guillermo Huízar Carranza, quien planteó una nueva redacción del artículo tercero para que diga: “Los servicios públicos que regula esta ley, se prestarán obligatoriamente y bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo. Asimismo, serán gratuitos, siempre y cuando el monto del asunto no exceda de 30 veces el salario mínimo del Distrito Federal elevado al año”.

El legislador dijo que la nueva redacción del artículo tercero “elimina el absurdo de pretender hacer gratuitos los servicios, cuando el monto no exceda de 100 millones de pesos y resulta apropiado que este límite de gratuidad tenga un tope de hasta la cifra que se propone, que representa en pesos y centavos, poco más de 500 mil pesos”.
Más adelante, Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) reservó el artículo 28 y los Transitorios: segundo, cuarto, sexto y noveno.

En lo referente al encabezado del artículo 28, el legislador indicó que la modificación es con el fin de evitar un problema de técnica legislativa, por ello solicitó que su redacción quedara de la siguiente manera: “Las autoridades fiscales federales y los servidores públicos que las presidan serán sancionados”.

En cuanto a los Transitorios propuso derogar el segundo, debido a que no hay una justificación para que al primer Procurador se le designe por “seis años”, si en lo general es por cuatro años.

Sugirió que en el cuarto se cambie la palabra Reglamento por Estatuto Orgánico. En lo referente al sexto, quede como está en la Minuta y fijar que sea para el ejercicio fiscal de 2006, además de eliminar el noveno transitorio, “debido a que no se puede legislar en un transitorio e ir más allá de lo que prevé la Constitución”, concluyó.

Cabe señalar que la creación de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente surge a partir de las iniciativas presentadas por los priístas, diputado Juan Carlos Pérez Góngora y la senadora Martha Sofía Tamayo Morales.

Por último, la Mesa Directiva devolvió al Senado de la República la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para los efectos del inciso E, del Artículo 72, de la Constitución Política.