El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Jaime Miguel Moreno Garavilla, resaltó la importancia que tiene el hecho de que las voces ciudadanas se enriquezcan con propuestas claras, viables y que sirvan para diseñar políticas públicas en solidaridad con quienes menos tienen.

En el marco del segundo día de trabajo del foro Derecho y Política ante el Desafío del 2006, y en el tema, Proyecto de Nación a Juicio Ciudadano en las Elecciones del 2006, el diputado de Convergencia indicó que poner el producto de las propuestas para integrar un Plan Nacional de Desarrollo que sea rector de los planes y programas del Gobierno Federal, depende de la ciudadanía y de que al momento que emita su voto lo haga con conciencia clara.

“No importa si es por la oferta política de nuestra preferencia, pero siempre con la convicción de que tenemos que ubicar en los órganos primarios de gobierno del Estado a quienes hayan demostrado históricamente tener conocimiento, pasión y emoción por servir y, fundamentalmente, amor por México”.

Por su parte, el subprocurador de la República, Everardo Moreno Cruz, dijo que más que una plataforma electoral se requiere un gobierno con rumbo que cubra las necesidades del país. Para ello, precisó, será necesaria una reforma fiscal que amplíe el número de contribuyentes, pero sin aumentar el IVA en alimentos y medicinas.

Propuso acotar la estructura y revisar las funciones del Consejo de la Judicatura Federal y del Poder Judicial, toda vez que la administración y procuración de justicia no tienen la celeridad y claridad con la que deben atenderse estos asuntos.

Se pronunció por reducir la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que sus resoluciones tengan mayor peso. Combatir el contrabando y la piratería, la “dictadura de la corrupción”; hacer que el pago de impuestos sea de manera ágil, sencilla y fácil y aplicar el rigor de la ley a quienes incumplan.

Moreno Cruz indicó que se requieren reformas al gasto corriente, como reducir el sueldo de los secretarios de Estado y el número de legisladores y que algunas funciones del Ejecutivo formen parte del Legislativo, como las tareas que realiza la Secretaría de la Función Pública, porque “no es equitativo ni sano que la misma entidad que gasta sea quien revisa”.

Es necesario, dijo, disminuir estructuras dentro del Gobierno Federal como la creación de subsecretarías, toda vez que implican un gasto para el pueblo.

Marivilia Carrasco, analista de asuntos internacionales y directora de Reseña Internacional, órgano del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, señaló que cualquiera que aspire a la Presidencia de la República tendrá que entender que un gobierno que pierde su legitimidad, “como se ve en el caso del Presidente Vicente Fox o de Luiz Ignacio Lula da Silva, en Brasil”, pierde su razón de ser y se desecha ese gobierno con facilidad.

Agregó que ante la cadena de escándalos y casos de corrupción, como ocurre en Brasil, la población regresa a un estado de desánimo que conduce a una descomposición social mayor y, virtualmente, a una tragedia política histórica.

En este contexto, mencionó que en Brasil ha sido grave mantener el legado económico financiero y más aún el hecho de entregar al aparato internacional ecologista-indigenista parte de las políticas públicas y enormes reservas naturales.

Advirtió que este problema no ocurre sólo en el sur del continente, sino que está a las puertas de nuestra nación, en el caso particular de Chiapas, “y sin duda, en muchos otros puntos donde la gran demanda de conceder la autonomía territorial conlleva, además de ir de la mano de los intereses supranacionales financieros, a una pérdida de la soberanía nacional.

Propuso un proyecto de ley para reactivar la economía nacional y para la participación de México en una recuperación mundial.

El Congreso de la Unión debe facultar al Ejecutivo para negociar con otros gobiernos del mundo la participación en la realización de una conferencia monetaria mundial que reestructure un nuevo orden monetario que reemplace al Fondo Monetario Internacional, dijo.

“El gobierno deberá constituir un mecanismo independiente de expertos que determine la legitimidad de la deuda original, eliminando de nuestras obligaciones externas todas aquellas categorías de deuda nominal que se contrajeron o inflaron mediante prácticas ilegítimas o usureras”, advirtió Marivilia Carrasco.