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• Creció el narcomenudeo 400 por ciento en el Distrito Federal: diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI)

• Propone crear el Consejo Nacional de Prevención del Delito y Conductas Antisociales.

Ante el aumento de los índices de criminalidad en México es necesaria la participación de diversas secretarías de Estado, así como de los gobiernos locales y organismos públicos, privados y sociales, para combatir la delincuencia, afirmó el diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI) al proponer la creación del Consejo Nacional de Prevención del Delito y Conductas Antisociales.

Mediante una iniciativa dio a conocer que en el Distrito Federal el narcomenudeo creció 400 por ciento, entre 2001 y 2005; que México ocupa ya el segundo lugar mundial en secuestros y el primero en el número de policías o ex policías vinculados a ese delito. Añadió que en el presente año han habido casi mil ejecuciones de personas, atribuidas al narcotráfico y que poco o nada se sabe de la captura de sus autores.

Advirtió que las estadísticas y el actual sentimiento de inseguridad o percepción que sobre la problemática delincuencial tiene la población, revelan que no se cumple la finalidad de la norma jurídica respecto al concepto de seguridad pública.

Añadió que la coordinación de instancias de seguridad pública es deficiente y que los ejes y programas diseñados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública no han cumplido sus metas.

Manifestó la necesidad de revalorar las causas de la criminalidad y aplicar nuevas estrategias que permitan enfrentarla con oportunidad, coordinación efectiva y buen éxito, sin dejar de lado las medidas punitivas.

Señaló que el delito no puede atacarse de manera aislada o por una sola entidad pública. “Los hechos palpables indican que la Secretaría de Seguridad Pública requiere del concurso de otras dependencias de Estado y organismos públicos sociales y privados para acometer exitosamente la tarea de prevención”, dijo.

Consideró indispensable la existencia de un órgano distinto al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que reúna a las dependencias y organismos públicos y privados responsables, por ley o por vocación, de combatir la impunidad, la corrupción y la pobreza.

Sugirió que el propuesto Consejo Nacional de Prevención del Delito y Conductas Antisociales sea presidido al más alto nivel de gobierno, es decir por el Presidente de la República. Para ello planteó reformas a la Ley General, que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Agregó que el citado organismo estaría integrado por los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; los secretarios de Seguridad Pública; Gobernación; Desarrollo Social; Educación Pública; Salud; y Función Pública, así como por el Procurador General de la República.

Asimismo por los directores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; y del Instituto Mexicano de la Juventud. También por la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y un representante de cada organización de los sectores social y privado.

Dijo que el consejo conocería y determinaría los lineamientos para el establecimiento de políticas generales en materia de prevención operativa, situacional, cultural y social del delito y conductas antisociales; la formulación de propuestas para su inclusión en el Programa Nacional de Seguridad Pública y el diseño y ejecución de programas contra la impunidad y la corrupción pública y privada.

Igualmente se encargaría de emitir las reglas para la realización de operativos preventivos conjuntos entre corporaciones policiales federales, locales y municipales, las acciones de coordinación entre las instancias públicas, sociales y privadas para detectar factores causantes del delito, el fomento a la cultura de la legalidad y la inclusión de una materia específica en los planes de estudio del nivel básico y medio superior.

Finalmente planteó que las dependencias y entidades públicas integrantes del consejo proveerían lo necesario para que con los recursos normales que en el Presupuesto de Egresos de la Federación les son asignados, se solventen los gastos operativos o administrativos derivados de su participación o de la ejecución de los asuntos de la competencia de ese organismo.