• Tres de cada cuatro personas aceptarían un gobierno autoritario si les resuelve sus problemas: Víctor Hugo Islas

Son 28 mil millones de pesos los recursos que se esfuman por actos de corrupción al año en México, que significa el .3 por ciento del PIB, señaló el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, presidente de la Comisión Especial de la Función Pública, quien consideró que es insostenible para un país en vías desarrollo y resulta una cifra que al final acabamos pagando todos los ciudadanos, lo cual es inmoral.

Lo dio a conocer en reunión con el Ingeniero Octavio Díaz García de León, secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción, de la Secretaria de la Función Pública, dónde se informó sobre los avances para posibilitar la corrupción.

El legislador priísta, sostuvo que se lucra con la Ley y con la necesidad de los que menos tienen.” Alguien tiene que poner un alto, es imperativo la supervivencia del Estado de Derecho”.

Manifestó que urgen medidas drásticas para erradicar la corrupción y afianzar la transparencia, ya que el descrédito de la política y el gobierno es muy alto. Además, consideró que tres de cada cuatro personas aceptarían un gobierno autoritario si les resuelven los problemas.

Por su parte, la diputada Marcela Guerra Castillo, del mismo partido, indicó que la Secretaría de la Función Pública cuesta a los mexicanos 6 mil millones de pesos y sólo logrando el resarcimiento de la hacienda pública por 38 millones de pesos en los últimos cinco años. “A todas luces es una ineficiencia completa y absoluta”, enfatizó.

Cuestionó al funcionario respecto de cómo lograr que todos los programas y acciones se concreten en no sólo la prevención y seguimiento al problema de corrupción, sino restituir la agenda pública, ya que los recursos públicos son escasos, comentó.

Al respecto, Octavio Díaz García, informó que la misión de la Comisión a su cargo es prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en la administración pública y federal; entre sus objetivos está el analizar y promover reformas para armonizar y fortalecer los instrumentos jurídicos, aplicar sanciones efectivas ante desviaciones y mal desempeño de los servidores públicos.

Destacó que cuenta con el Programa Nacional del Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, que está enfocado a prevenir y abatir la impunidad e impulsar la calidad en la gestión pública.

Dio a conocer las iniciativas en trámite de la Secretaría de la Función Pública, entre ellas reformar el artículo 73 de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo con autonomía para dictar fallos.

De igual forma, destaca que la iniciativa que propone reformar el Código Federal de Procedimientos Electorales en materia de combate a la corrupción para reducir los plazos en la integración de averiguaciones previas y agilizar los procedimientos electorales.