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A fin de fortalecer la participación de los Centros Públicos de Investigación (CPI), vincularlos más con el sector productivo, evitar obstáculos para el desarrollo y el desempeño de los investigadores, así como lograr que la administración y evaluación sea por procesos y no por resultados, la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside el diputado Julio César Córdova Martínez (PRI), aprobó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de legales.

Explicó que actualmente los Centros Públicos de Investigación llevan a cabo una operación con un funcionamiento flexible y ágil y lo que se pretende es basarlo en una administración por resultados, bajo un sistema adecuado de evaluación y rendición de cuentas.

Añadió que se trata de regular las prácticas administrativas ineficientes y con esta iniciativa, que modifica las leyes de Ciencia y Tecnología; Federal de Entidades Paraestatales; de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se da un paso en favor de la ciencia y la tecnología en México.

Se propone modificar la Ley de Ciencia y Tecnología en sus artículos 47, 48, 50, fracción IV, 56 fracciones IV, VIII, IX y 59; se adicionan los artículos 51 fracciones I y II; 56, fracciones XVI, XVII y XVIII; 60, 61 y 62 para fortalecer y mejorar el funcionamiento y operación de los CPI y consolidar esta figura para las entidades paraestatales dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la enseñanza de alto nivel.

Se plantea reformar el párrafo segundo del artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a fin de que las entidades de la administración pública que sean reconocidas como CPI, se rijan por la Ley de Ciencia y Tecnología y sus respectivos instrumentos de creación.

El cambio a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público adiciona un tercer párrafo al artículo 1, con objeto de que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los CPI con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se regirán conforme a las reglas de operación de dichos fondos y a las bases y lineamientos que al efecto establezca el órgano de gobierno de cada uno, administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que se destinen y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Se propone agregar un último párrafo a la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que, en el caso del personal de los CPI, sus órganos de gobierno puedan fijar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses que pueden implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros, de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, Córdova Martínez reconoció el esfuerzo de los integrantes de la Comisión que preside por aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología para 2006, pues logró que las multas que aplique y recupere el IFE sean para este sector, se consiguió que permaneciera en el ramo 39 del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) este rubro y se incrementó en cerca de mil 500 millones de pesos el presupuesto del Ejecutivo.

En su oportunidad, la diputada María Luisa Talavera (PAN), señaló que las observaciones hechas por la Comisión de Gobernación, fueron incorporadas al dictamen.

Reconoció que el tema del presupuesto no es fácil “y el trabajo que ha hecho la Comisión en esta legislatura ha sido muy importante porque se posicionó la importancia del tema en materia de ciencia y tecnología para lograr que sea una política de estado.

Más adelante, el diputado Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (PRI), dijo que se ha avanzado en establecer una norma que, al mismo tiempo, regula y flexibiliza la operación de las instituciones públicas de investigación.

Antes de ser votado por el Pleno cameral, será necesario esperar el dictamen de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación.