• La Comisión Especial de la Función Pública se reunió con el presidente del SAT, José Zubiría Maqueo

En la actualidad, las empresas privadas extranjeras tienen el control en las entradas aduaneras de la República, tomando en cuenta que se tratan de múltiples operaciones diarias, con un valor promedio de 150 dólares, se estima un negocio de 7 mil millones de dólares anuales.

La Comisión Especial de la Función Pública se reunió con el presidente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José Zubiría Maqueo, con el objeto de conocer el proceso de licitación que lanzó dicho organismo, para asignar la función del segundo reconocimiento aduanero, que ya comenzó con la adjudicación a cinco empresas transnacionales.

En voz del presidente de la comisión, el diputado Víctor Hugo Islas Fernández (PRI), se explicó que se trata de una cuestión de interés general y cuestionó el hecho de que si las aduanas forman parte de la seguridad nacional, por qué sólo aparecen empresas extranjeras y ninguna mexicana. “Ante ellas, la autoridad aparece como auxiliar, casi una subordinada”, enfatizó.

El legislador priísta destacó la falta de garantías al quedar las aduanas al cuidado de particulares y señaló que la Constitución marca esta función como privativa del Estado; además puntualizó que este hecho puede propiciar la entrada de todo tipo de mercancías por contrabando, lo que afectaría a la planta productiva nacional.

Los diputados de dicha comisión expresaron su inquietud porque en sólo un mes se decidieron las primeras adjudicaciones y por los presuntos vínculos de algunos compañías foráneas con los hijos de Marta Sahagún de Fox.

Al respecto, José Zubiría Maqueo comentó que durante años se ha luchado por combatir la corrupción y como parte de los esfuerzos realizados se encuentra la continúa rotación del personal, pero mientras no existan programas concretos la efectividad no será la deseada.

“En este momento hay un proyecto muy importante para desarrollar cuatro aduanas modelo, que permitan probar esquemas que han sido utilizados en otros países y de mostrar resultados favorables en cuanto a inhibir el contrabando se ampliará al resto de la república”, aseveró.

En enero de 1993 se realizó el primer proceso de licitación, en esa época inició operaciones y hasta la fecha están trabajando en el segundo reconocimiento 12 empresas, de las cuales 11 se integran en un consorcio fundamentalmente controlado por agentes aduanales.

El presidente de la comisión reflexionó acerca de la necesidad de ahondar más en los antecedentes de quienes conforman tales corporativos, integradas en ocasiones por ex funcionarios, que aprovechando sus conocimientos le sacan el mayor provecho posible.

En relación al presunto vínculo entre los hermanos Bribiesca y una compañía francesa que recientemente fue adjudicada, manifestó que hasta el momento todas las empresas se encuentran en proceso de selección, pero en caso de existir elementos para descalificarla así se hará.