Se aprobó por 125 votos a favor, 119 en contra y 161 abstenciones, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece que este 31 de diciembre concluye la vigencia de la Comisión Investigadora encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas.

En contra del punto de acuerdo, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) señaló que no se puede finiquitar la Comisión porque desaparecería el compromiso con la transparencia, por lo que propuso aplazar su vigencia hasta febrero del próximo año y que se dé un informe.

Hizo un llamado al PAN a que actúe en congruencia con lo que proponen, porque no estamos únicamente, dijo, averiguando al hijo de una señora, estamos constatando que el Gobierno del Presidente Fox no tiene un compromiso con la transparencia y honestidad.

Subrayó que no es una Comisión investigadora nada más de los hijos de Marta Sahagún o de la señora Sahagún, porque “ hemos hablando de la legalidad o no legalidad del desempeño de funcionarios y funcionarias públicos del gobierno federal”.

Dijo que la Comisión que preside no ha hecho denuncias, es el Poder Legislativo, por lo que debe simplemente informar a toda la ciudadanía dónde pudiera haber o no irregularidades o dónde funcionarios o funcionarias fueron omisos.

En contra, de la misma bancada, Pablo Gómez Álvarez señaló que el que termine el PAN siendo el abogado defensor de una familia es algo que denigra la historia de ese partido.

Agregó que quien tomará la decisión es el PRI, porque si se abstiene, la Comisión caducará el día último de este mes y lo hará antes de terminar sus investigaciones y cuando ello sucede por falta de tiempo, entonces se fomenta la impunidad.

Afirmó que la abstención es el pacto de la impunidad de la familia del presidente. Expuso que evidentemente que habrá una mayoría absteniéndose que haga que la Comisión caduque.

Consideró que “la comisión no tiene por qué venir a discutir aquí sus investigaciones, no hay nada en el Derecho Parlamentario que lo decida así, ésta debe concluir y presentar su informe al Presidente de la República”.

Asimismo, exhortó a los legisladores del PRI a no caer en un nuevo escándalo de tráfico de impunidades; que la Comisión vaya a dónde tenga que ir y presente su informe el próximo año al mandatario mexicano, como lo dice la Constitución Política.

PAN

A favor de la propuesta, Federico Döring Casar (PAN) puntualizó que no se ha podido acreditar un solo contrato de obra o una sola subasta, licitación o invitación restringida en la cual la empresa Construcciones Prácticas siquiera haya comprado las bases, haya participado y mucho menos esté beneficiada por alguna dependencia del Gobierno Federal.

Abundó que la Comisión Investigadora necesita concretar sus trabajos, ya que tenía un objeto limitado y un tiempo para llevarlo a cabo y no es un asunto de falta de transparencia o de voluntad política, tampoco ha habido cerrazón de la información por parte del Gobierno Federal.

Convergencia

En contra, Jesús González Schmal (Convergencia), manifestó que cómo es posible que los propios dirigentes en esta Asamblea priven a la misma del ejercicio más importante de su función representativa, que es el de ser receptores de una demanda popular elemental y reiterada por la limpieza y honradez en el ejercicio del cargo público y sobre todo del Poder Ejecutivo Federal.

Resaltó que “no concibo en qué interés pueda sustentar el privar a esta Comisión para seguir adelante en sus difíciles tareas para dilucidar qué es lo que está pasando en realidad en la casa presidencial con los hijastros del Presidente. No se puede voltear la espalda a un pueblo que demanda claridad y honradez en el ejercicio del cargo público”.

Solicitó que se le dé a esa Comisión no sólo el tiempo, sino también el respaldo que se requiere para que expertos y gente especializada en el manejo de la documentación apoyen la tarea de la investigación para llegar a conclusión con validez.

Exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal

En otra parte de la sesión, se aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar las modificaciones al Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dicha publicación deberá realizarse antes de que concluya el periodo de convocatoria para elegir a las y los investigadores académicos que integran este consejo.

Más recursos al sector coprero

Se avaló otro punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno y al congreso del estado de Tabasco para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2006 se consideren y aprueben mayores recursos destinados a los programas de apoyo al sector coprero en la entidad, que tenga como consecuencia el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias tabasqueñas que se dedican a esta actividad.

Al hablar a favor del acuerdo, el diputado panista José Antonio de la Vega Asmitia (PAN), señaló que a pesar de que México ocupa el primer lugar en la producción de copra en América Latina, en el caso de Tabasco, este sector atraviesa una situación que hace prioritario implementar acciones preventivas y correctivas de enfermedades como el amarillamiento letal y el picudo negro.

Exhorto a la Semarnat

Asimismo, se aprobó el punto de acuerdo de la Jucopo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a retener 45 millones de metros cúbicos de la presa La Gavia, ubicada en Romita, Guanajuato.

Matrícula Consular

También se exhortó al Gobierno Federal a realizar las gestiones necesarias con los sectores financiero y privado, así como con los distintos niveles de gobierno y la Administración Pública Federal, para que el Certificado de Matrícula Consular de alta seguridad o digital, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea aceptado como identificación oficial en el territorio mexicano.

El diputado Juan Manuel Dávalos Padilla (PRI) refirió que cuando los emigrantes regresan a nuestro país y traen consigo como único documento el certificado, no les es aceptado como identificación, pese a que es expedido por el Gobierno mexicano y que con fecha 12 de mayo de este año se publicó en el Diario Oficial el reglamento de la matrícula consular.

Plan Puebla-Panamá

Además se avaló un acuerdo para exhortar al Secretario de Relaciones Exteriores, a publicar el uso y destino de los recursos autorizados por el Congreso de la Unión a la Coordinación General del Plan Puebla-Panamá, desde 2002 a la fecha. Asimismo, dé a conocer los estudios elaborados y financiados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se asignaron al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sobre este punto, el diputado Juan Antonio Gordillo Reyes (PRI) mencionó que dichos recursos autorizados por la Cámara de Diputados ascienden a un monto total de 222.5 millones de pesos.