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Con el fin de garantizar la independencia de las decisiones del Ministerio Público y una investigación y persecución de los delitos apegada a los principios de objetividad e imparcialidad, es necesario que el Procurador General de la República sea electo por el Congreso de la Unión y no sea designado por el Ejecutivo Federal o removido libremente por el Presidente de la República.

Así lo expresaron los diputados priístas Manlio Fabio Beltrones Rivera y José Luis García Mercado, mediante una iniciativa de reformas a diversos artículos de las leyes Orgánica de la Procuraduría General de la República y Orgánica de la Administración Pública Federal.

Mencionaron que en los últimos años, el Ministerio Público se ha visto seriamente cuestionado por una sociedad que ha dejado de verlo como una institución protectora para dar paso a una percepción de que es una institución de riesgo y desestabilizador de la vida social.

Añadieron que el principio de legalidad del Ministerio Público se ha puesto en duda por el desbordamiento del fenómeno delictivo y el consecuente aumento de sus atribuciones para enfrentarlo, que ha llevado a que esa instancia frecuentemente abandone los cauces legales y viole los derechos humanos de los ciudadanos.

“Se acusa al órgano investigador de no ser objetivo, imparcial y no actuar de buena fe, en las averiguaciones y procesos penales y de obedecer a otros criterios que no son los puramente técnicos”.

En el documento señalaron que es necesario desvincular del Ejecutivo al Ministerio Público, cuyo titular es el Procurador, ya que esa instancia no puede a la vez, defender los intereses generales de la sociedad y los particulares de un Poder y muchas veces los personales del Presidente de la República.

Advirtieron que algunos autores aseguran que la sociedad desconfía de la objetividad y buena fe del MP, porque se ha convertido en un órgano ambivalente, ya que simultáneamente interviene con un doble carácter de autoridad y de parte, lo que propicia el tráfico de influencias, la corrupción y la inequidad, y se atribuyen dicha pérdida de credibilidad a su dependencia del Poder Ejecutivo.

“Según la opinión de muchos tratadistas la principal razón de la disfuncionalidad actual del Ministerio Público son la dependencia directa del Presidente de la República, su adscripción al Poder Ejecutivo, la falta de autonomía para tomar sus determinaciones con base en criterios técnicos y no políticos”, acotaron.

Subrayaron que la iniciativa propone la elección del titular del Ministerio Público por el Poder Legislativo, su inamovilidad y separar totalmente esta función de la Presidencia de la República; un nuevo estatuto constitucional para el Procurador General de la República, en su calidad de titular del MP, el cual tiene las siguientes características: independencia respecto del Poder Ejecutivo, garantizada mediante la elección de dicho funcionario por la mayoría calificada del Senado de la República.

Asimismo, autonomía funcional y operativa de la Procuraduría, para investigar y perseguir los delitos. “Al ya no depender del Ejecutivo la designación o remoción de su titular, consigue libertad de acción y decisión, las cuales ya no responderán a criterios políticos o administrativos, sino puramente técnicos”, precisaron.

Además, la inamovilidad, es decir el Procurador ya no sería removido por el Presidente, su encargo tendría un periodo fijo de siete años con posibilidad de ampliarlo a catorce, dependiendo de su actuación, y durante el mismo no podría ser apartado más que por alguna causa de responsabilidad en las que pueden incurrir los servidores públicos.

Indicaron que al establecer un lapso de siete años, se pretende que éste no coincida con el periodo presidencial y por lo tanto la gestión del Procurador trascienda la administración sexenal.