• Los alcohólicos buscan ahí su recuperación y sólo pierden la dignidad e incluso la vida

El incremento desmedido de los centros de rehabilitación para alcohólicos ha provocado la clandestinidad de “granjas”, en las que se abusa de la voluntad de las personas al ofrecer recuperaciones milagrosas en un retiro de fin de semana, aunque sólo encuentran maltrato físico, psicológico e incluso la muerte.

Asimismo, el poco apoyo por parte de las autoridades origina la proliferación de éstas, donde se aprovechan de la necesidad de los enfermos para ver en ellos tan sólo una forma de lucrar.

Es por ello que la Cámara de Diputados aprobó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias de los gobierno estatales a vigilar el cumplimiento óptimo de la NOM-028-SSA2-1999, para que la prevención, el tratamiento y el control de las adiciones, en especial el alcoholismo, se realicen con absoluto respeto a los derechos humanos y a la integridad y dignidad de las personas.

La propuesta, dictaminada por la Comisión de Salud, resalta que el alcoholismo es un problema de salud pública que lacera la sociedad.

De acuerdo a José Manuel Castrejón, presidente de la Junta de Custodios de Alcohólicos Anónimos, en el país existen cien organizaciones que manejan las granjas y anexos de internamiento, así como grupos que abusan física y psicológicamente de los alcohólicos.

El documento establece que estos grupos, mediante retiros espirituales de fin de semana, ofrecen a las familias una cura mágica, retienen a las personas, las golpean, las maltratan física y psicológicamente, y en algunos casos hasta les dan bebidas con las que les causan una severa psicosis.

Menciona que las granjas son independientes y corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha norma.

Al presentar la propuesta, el diputado Jorge Triana Tena (PAN) manifestó que en la práctica muchos de estos establecimiento públicos, sociales o privados, realizan sus funciones sin cumplir las medidas básicas necesarias establecidas, atentando contra la dignidad de la persona.

La norma se refiere a reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de sustancias adictivas, así como la morbi-mortalidad asociada, a través de condiciones y requisitos mínimos indispensables que regulen la prestación de servicios.

También establece los procedimientos y criterios para la prevención, y control de las adiciones. Es decir, propone los lineamientos para que el tratamiento de las personas atendidas en los establecimientos especializados sea de manera profesional y ética.