En México hay 90 mil enfermos de SIDA y más de 170 mil personas portadoras del virus, quienes sufren de discriminación, particularmente en instituciones de salud y educación, afirmó el diputado José Ángel Córdova Villalobos, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al inaugurar el Foro Legislación y Biótica en VIH-SIDA.

Señaló que aún cuando la epidemia del VIH-SIDA no ha crecido de manera exponencial, los portadores pudieran ser mucho más, pues el número exacto no se conoce.

Dijo que el VIH se ha convertido en una prioridad en la agenda mundial de salud, ya que en el mundo hay 40 millones de personas con el virus, de los cuales más de 28 millones se encuentran en África, que fue donde se originó este problema; 7.4 millones en Asia y en el Pacífico; más de cuatro millones en la India y seis millones en China. Informó que en América Latina y el Caribe el número estimado es de más de dos millones.

Mencionó que la Cámara de Diputados autorizó 535 millones de pesos en el presupuesto del 2005, que la Secretaría de Salud estableció como los necesarios para atender con medicamentos antirretrovirales a los enfermos de SIDA.

Añadió que la Comisión de Salud tiene el objetivo de contribuir a la prevención de la transmisión y la no discriminación, a través de campañas o modificaciones legales que favorezcan la educación de las personas y permita detener esta epidemia.

Subrayó que se requieren modificaciones legales que establezcan acciones para mejorar la calidad de vida de quienes están afectados por el VIH, la expedición de leyes para un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y la canalización de recursos.

Más adelante, la diputada Irma Figueroa Romero (PRD) indicó que en el país hay una insuficiencia de políticas sanitarias, las cuales no apoyan los programas de prevención y tratamiento a los enfermos del VIH-SIDA.

La intolerancia, discriminación, falta de medicamentos antirretrovirales en instituciones gubernamentales, rechazo en escuelas, despido injustificado, incluso, en hospitales, son muchos de los problemas que enfrentan los pacientes, apuntó.

Figueroa Romero agregó que es necesario dar certidumbre jurídica y efectiva a los derechos de quienes padecen esta enfermedad, por ello, enfatizó, se debe promover que ninguna persona sea discriminada debido a un padecimiento de salud.

Propuso que los derechos humanos de los pacientes con VIH sean plasmados en las leyes de educación, salud y trabajo, con el fin de evitar la discriminación, rechazo y violación de sus garantías individuales.

Informó que presentará una iniciativa para reformar diversas disposiciones legales, así como la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, relativa a la prevención, atención, tratamiento y no discriminación de las personas infectadas por el VIH-SIDA.

Subrayó que la intención de esta iniciativa es dar certidumbre jurídica y una tutela efectiva a los derechos de quienes padecen esta enfermedad. Está dirigida a que las escuelas no vuelvan a rechazar o negar la matrícula a los niños afectados o a los hijos de quienes la padecen; lo mismo que en los centros de trabajo donde han sido vejados por despidos; a los sectores de la sociedad que discriminan a los portadores, lo que constituye una violación a los derechos y dignidad de la persona.

El especialista Pedro Morales Aché, dijo en las Fuerzas Armadas se despide a los militares infectados de SIDA y que otras instancias del Gobierno Federal, como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, establecen como requisito para ser integrante de la PFP un examen donde se acredite que es negativo al VIH.

Añadió que el propio gobierno tiene una actitud agresiva y nunca antes vista de persecución en contra de este tipo de personas. “Hay además ineficacia en los programas de prevención, pareciera que se trata únicamente de suministrar medicamentos, invertir grandes cantidades en éstos y hacerles el juego a los grandes laboratorios farmacéuticos, quienes tienen libertad para la fijación de precios”, aseveró.

Más adelante, el doctor Samuel Ponce de León, señaló hay falta de atención al Programa de Prevención de la Transmisión Materno Fetal, ya que no está integrado a nivel nacional ni estatal, así como del proyecto para la Prevención de la Transmisión Accidental en Trabajadores de la Salud, pues según datos de la OMS en el mundo hay alrededor de 200 casos de este tipo.

Manifestó que no hay informes ni ningún tipo de vigilancia que haga saber que el trabajador se infectó, y con el tiempo fallecen, a pesar de haber podido prevenirlo.

Agregó que hay un incremento considerable en la transmisión heterosexual, principalmente en áreas rurales, ello debido a varones migrantes.

En su oportunidad, la doctora Carmen Soler Claudín dijo que en el Distrito Federal, en la Delegación Cuauhtémoc hay más de 220 pacientes infectados por cada 100 mil habitantes.

Soler Claudín apuntó que en el país fallecen más de 60 por ciento de la población que no está asegurada “y este problema no lo resuelve el Seguro Popular”.

Se cuestionó el por qué no se legisla a favor del paciente por medio de la aplicación de leyes, según los estándares internacionales, en las cuales se garantice el derecho a la salud, se proporcionen medicamentos a los pacientes y, “abatir la lista de espera, que más bien es de la muerte”.

Para concluir invitó a los diputados a realizarse la prueba del VIH, con el fin de que conozcan el procedimiento y las circunstancias por las cuales pasan los enfermos.