Externaron sus posicionamientos, en vísperas del 88 Aniversario de la promulgación de la Carta Magna

En vísperas del 88 aniversario de la Constitución Política, las fracciones parlamentarias representadas en la LIX Legislatura pidieron, durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, respetar la ley suprema y concretar la Reforma del Estado.

El diputado Jesús Zúñiga Romero (PRI) mencionó que han sido muchas e importantes las reformas al texto original de la Carta Magna, siempre con la visión de continuar mejorando la organización política y social para abrir mayores cauces de justicia y democracia, considerando a los partidos políticos como entidades de interés público y permitiendo la creación de las instituciones que han fortalecido a la vida nacional.

Agregó que por eso los mexicanos tenemos sobrados motivos para sentirnos orgullosos de nuestra historia, de sus luchas frente a la adversidad, pero sobre todo por la voluntad de buscar el orden que garantice la convivencia pacífica.

Reafirmó el compromiso de defender y respetar la Constitución Política, siempre convencidos de preservar mediante ésta el orden social y democrático del país.

En tanto, el diputado José Antonio de la Vega Asmitia (PAN) dijo que actualmente vivimos bajo un régimen institucional en el que únicamente la Constitución es suprema y por consiguiente todos los poderes y gobernantes y gobernados están sujetos a sus mandatos. El congreso plural cumple su función, igualmente el Poder Judicial de la Federación garantiza hoy más que nunca la eficacia y respeto de las leyes, retomando su papel como tribunal constitucional, cuyas resoluciones acreditan la nueva realidad del país, indicó.

Afirmó que, sin duda alguna, la Constitución de 1917 es la expresión más exacta de la voluntad nacional, y sin embargo ésta no es inmutable; por el contrario, se encuentra en perfecto estado de modificación y perfeccionamiento.

Añadió que en muchos de sus artículos no ha sido rebasada por la realidad y aunque sus preceptos son una práctica cotidiana, como la efectiva división de poderes o el control de la constitucionalidad de las leyes y actos de la autoridad, algunos otros siguen siendo una aspiración, como el derecho de toda familia a disfrutar de una vida digna y decorosa.

En su turno, el diputado Daniel Ordóñez Hernández (PRD) afirmó que el Estado de Derecho que consagra la Constitución se ha violentado en su espíritu original, así como las normas que en ella se plasman. “Cómo podemos postular que existe el Estado de Derecho cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa como una corte del presidente en turno, interpretando a su modo tanto la Constitución como las leyes que de ella emanan, desconociendo el principio de división de poderes y la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”.

Cuestionó dónde queda la vigencia de los derechos sociales, económicos y políticos que consagra la ley suprema. Hizo un llamado a las fuerzas políticas al diálogo, a la negociación y formación de compromisos políticos para concretar la Reforma del Estado.

Añadió que el Estado ha sido retado por las mafias del crimen organizado, el cual está empecinado en sentar las bases de un estado de facto que penetra las instituciones públicas, con el fin de colapsar su base ética y su razón social.

En tanto, el diputado Raúl Piña Horta (PVEM) dijo que no se han cumplido plenamente algunos ideales establecidos en la Carta Magna, entre otros, vivienda, salud y educación.

Refirió que el Estado de Derecho es el que respeta y consolida las instituciones que se han constituido basándose en luchas legítimas y por lo mismo no deben ser violentadas, ni pervertidas, mucho menos corrompidas a partir de las personas que se encuentran al frente de ellas.

Hizo un llamado a las autoridades electorales para que respeten el Estado de Derecho y se apeguen a la Constitución Política, a la legalidad y a la justicia en sus resoluciones. “Nadie debe estar fuera de la legalidad, ni mucho menos los organismos garantes encargados de organizar las elecciones, porque cualquier acto que deje lugar a dudas pone en tela de juicio los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad sobre los cuales fueron creados”, acotó.

Por su parte, el diputado Pedro Vázquez González (PT) consideró que resulta ya inoperante el diseño institucional del sistema presidencial previsto en la Constitución de 1917; por ello es necesario concretar la reforma democrática del Estado que amplíe la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, establecer la democracia participativa, la iniciativa popular, el referéndum, la revocación de mandato.

Agregó que la Constitución de 1917 correspondió a la sociedad rural de principios del siglo XX y no obstante sus reformas, se deben mantener los principios de la propiedad originaria de la nación sobre los recursos del subsuelo. Afirmó que no se han cumplido los postulados sobre salario digno, derecho a la salud, a un ambiente adecuado y alimentación.

En su intervención, el diputado Jesús González Schmal (Convergencia) dijo que al texto constitucional se han agregado retrocesos como la desintegración de la Reforma Agraria, pero que en otros capítulos el sentido progresista ha sido palpable, como el alcanzado en la Cámara de Diputados en las sesiones de marzo del año pasado con la modificación a la fracción cuarta del artículo 74.

Dicho cambio permitió explicitar que la Cámara tiene la facultad no sólo de examinar y discutir el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que envía el Ejecutivo sino de modificarlo, sin que tal determinación pueda ser susceptible de veto, observaciones o mucho menos la suspensión para su vigencia en virtud de tratarse de un decreto de carácter unicameral, de acuerdo al artículo 72, apuntó.

Señaló que el Ejecutivo Federal requiere emplear sus mejores empeños para apoyar sus órganos operativos, en vez de interponer ante la SCJN el también reciente y avanzado recurso constitucional diseñado por el legislador para dirimir controversias, que en este caso no existen por la nitidez del texto constitucional citado.

Añadió que el Ejecutivo no debió haber involucrado a la Corte en la prestación de un servicio que la desnaturaliza, para detener el acto soberano de esta Cámara en materia presupuestaria.