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• Se debe incorporar el término violencia como forma de discriminación que lesiona su desarrollo: diputada Marisol Vargas

De las mujeres que cuentan con una pareja estable y viven en el mismo hogar, 38.4 por ciento han experimentado algún tipo de violencia emocional; 29.3 económica; 9.3, física y 7.8, sexual.

Aquellas que declaran haber sufrido algún incidente, sin que el cónyuge viva en el mismo domicilio, 29.5 por ciento padece violencia emocional; 14.4, económica; 26.3, emocional y económica; 8.8, emocional, física y económica; 6.3, emocional, económica y sexual y 5.7 vive con los cuatro tipos de violencia.

Y un 47 por ciento de las féminas que se encuentran en unión libre reportó algún incidente emocional, físico, económico o sexual. Lo anterior, fue resultado de una encuesta que se llevó a cabo a nivel nacional en 11 entidades federativas y abarcó 57 mil viviendas.

Así lo manifestó la diputada Marisol Vargas Bárcena, del PAN, en su iniciativa por la que solicitó ampliar el ámbito de las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con el fin de incorporar el término violencia como una de las formas de discriminación que lesionan el desarrollo de ellas.

Además, añadir el concepto de familia, como otro de los ámbitos en el que la Ley debe incidir para la promoción de las acciones encaminadas a prevenir y combatir dicho fenómeno social.

La legisladora informó que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), realizaron el Estudio Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).

El propósito fue medir la incidencia de acciones de violencia que ocurren en los hogares y en particular entre las parejas y con ello caracterizar a quienes participan en estos actos.

Otro de los datos que arrojó la encuesta es que como resultado de este fenómeno social, el 45 por ciento de las mujeres han padecido tristeza, aflicción o depresión; 31.6 problemas nerviosos; 26.1 angustia; 19.7 han mostrado falta de apetito; 18.6 insomnio y 14.2 han dejado de salir con su pareja.

Y de los estados en donde se realizó la encuesta, Chiapas resultó ser la entidad donde se registran los menores niveles de violencia de pareja con un 27 por ciento; en lo emocional, 21.4 por ciento y en lo económico, 15.8.

Por lo anterior, explicó Vargas Bárcena, es necesario buscar que el concepto de la violencia se incorpore dentro de las acciones de prevención y protección por parte de las autoridades responsables de la procuración de justicia y seguridad pública de los tres Poderes de la Unión y la sociedad.

La legisladora reconoció que se requieren vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupan de los asuntos de la mujer, ello con el fin de apoyar políticas encaminadas a evitar cualquier forma de discriminación hacia el sector.

“Se busca asentar con claridad que entre las formas de distinción, la más sentida es la violencia, porque se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual que sucede entre personas relacionadas afectivamente, como lo son el marido y la mujer, o entre padres e hijos, parecido a las relaciones jerárquicas de autoridad y subordinación”, apuntó.

Subrayó que la violencia no sólo se genera en la familia, sino en todos los espacios donde se desarrolla una convivencia entre personas y comprende la violación, maltrato físico y psicológico repetido, así como abuso sexual.

Es, por ende, un modelo de conducta aprendida que se da por la falta de control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas; lo que vulnera el desarrollo personal y social, tanto en la esfera privada, como en lo público, del trabajo, escuelas y otros más.

Ante ello, recalcó, es de vital importancia que en los estudios e investigaciones acerca de las condiciones de las mujeres se adicione la cuestión familiar, ya que sólo así se sabrá cómo se manifiesta el fenómeno social y, con oportunidad, aplicar el impacto de las políticas públicas