• Se percibe la intención de privatizar al agro desde la reforma al artículo 27 constitucional

El campo es la única forma de sustento de alrededor de 12 millones de indígenas, 800 de ellos actualmente presos debido a conflictos agrarios, por vincularse al narcotráfico o expresar sus ideas de libertad, justicia y democracia, aseguró el diputado Javier Manzano Salazar, quien hizo un llamado al Gobierno Federal a solucionar los problemas de tierra por las vías del diálogo y conciliación.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas agregó que en México no se cuenta con un campo al que se le inyecten recursos, por el contrario, dijo , “ está abandonado por quienes se dedican a esta actividad, que se han visto obligados a emigrar hacia el vecino país del norte”.

Indicó que se percibe la intención de privatizar el agro nacional desde la reforma al artículo 27 constitucional, porque además de que se carece de financiamiento no se brinda a los campesinos capacitación y asesoría técnica.

Expuso que con el Tratado de Libre Comercio gran parte de los productos se importan, lo que ha generado que el campo esté dejando de ser productivo, situación que pone en riesgo la soberanía alimentaria, lo que afecta principalmente a las etnias.

Respecto a los presos indígenas, el diputado del PRD Javier Manzano Salazar manifestó que han sido encarcelados por conflictos de tierra, relacionarse con el narcotráfico o expresar sus ideas.

Afirmó que el problema agrario es muy fuerte en las comunidades indígenas, donde se enfrentan entre sí y hay conflictos viejos que persisten por generaciones y llevan hasta 200 ó 300 años.

Agregó que los representantes populares no comparten la estrategia del secretario de la Reforma Agraria, de pretender solucionar los problemas agrarios con dinero; la mejor manera es a través de la conciliación, consideró.

Subrayó que “no se deben destinar grandes cantidades de recursos para resolver los problemas agrarios, sino que es obligación del mismo gobierno tratar de solucionarlos por la vía del diálogo”.

Indicó que los 800 indígenas encarcelados no cuentan con intérpretes para defender sus derechos y sus declaraciones son distorsionadas ante la falta de traductores.

Asimismo, externó que los diputados trabajan en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para ver la posibilidad de instalar despachos jurídicos con traductores y dar asesoría a las comunidades étnicas.

El legislador refirió que además de los indígenas presos, otros han sido desaparecidos o asesinados, por lo que la situación grave que se vive en el campo y las injusticias que se cometen con la gente que se dedica a esta actividad incrementan la migración de esta población hacia Estados Unidos y Canadá.

De ahí que consideró necesario impulsar una ley para proteger a los indígenas privados de su libertad, pero que sí se aplique, ya que “ la reforma constitucional de 2001 no la conocen los grupos étnicos, porque además de que tienen su propios esquemas de organización, se ocupan más por buscar el alimento diario”, añadió.

Puntualizó que el presidente de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Manuel García Corpus (PRI) busca la manera de llevar a cabo una contrarreforma al artículo 27 de la Carta Magna para revertir las condiciones que se viven en el agro mexicano.
Aseveró que aunque las comunidades rurales han perdido credibilidad en las instituciones gubernamentales y hasta en el Congreso de la Unión, se deben elaborar leyes que contribuyan a mejorar la vida en el campo y no marcos jurídicos que sólo se archiven.

Finalmente, resaltó que es necesario revisar la Constitución Política en la cuestión agraria, pero lo importante es lograr capitalizar al campo y evitar injusticias con los sectores pobres y marginados.