Para evitar la discriminación en el acceso a los servicios de educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, a niños con capacidades diferentes o portadoras del VIH SIDA, la Cámara de Diputados aprobó con 403 votos reformas a la Ley General de Educación.

Las reformas adicionan dos párrafos al artículo 2° de esa ley; en el primero se establece que ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, lateralidad, capacidades diferentes, afecciones físicas o mentales, condiciones de salud, caracteres genéticos, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

El segundo, prevé la obligación de la autoridad educativa a dotar a las escuelas de infraestructura física, personal especializado y todos los elementos necesarios para la atención de esta población o para canalizarlos a las instituciones adecuadas cuando el caso lo requiera.

Al artículo 7° se agrega en su parte final la obligatoriedad de promover la educación para la salud.

El documento de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señala que el desconocimiento por parte de niños y jóvenes sobre los efectos y riesgos de fenómenos como las adicciones, del ejercicio desinteresado de la sexualidad, el sedentarismo y una alimentación desequilibrada, ha aumentado el riesgo de padecer alguna enfermedad de las llamadas emergentes.

Menciona que en el caso de los niños portadores del VIH-SIDA, el rechazo se debe a la ignorancia sobre sus mecanismos de transmisión y la falta de claridad en la ley que norma la materia; mientras los que tienen capacidades diferentes es por carencia de infraestructura y condiciones de diferentes órdenes que permitan atenderlos con la calidad de la atención educativa que puedan requerir y a la que tienen derecho en función de un elemental principio de equidad.

En los transitorios se establece que las Secretarías de Educación Pública (SEP) y la de Salud, en coordinación con las demás dependencias del sector, en un término no mayor a dos años contados a partir de la entrada en vigor del decreto, ampliarán la infraestructura necesaria para la atención en las escuelas regulares de los niños con capacidades limitadas y para la atención de los niños portadores del VIH, así como la necesaria para su atención en instituciones especializadas cuando el caso lo amerite.

La SEP determinará los criterios para la distribución de personal, materiales y útiles complementarios en la atención educativa de esta población, se añade.

La diputada Alejandra Méndez Salorio (PVEM) manifestó que el dictamen tiene por objeto vincular los contenidos de la enseñanza con la educación para la salud y evitar la discriminación de los menores en el ámbito escolar.

Agregó que la igualdad ante la ley es una prerrogativa garantizada por la Constitución Política, lo cual debe expresarse de manera clara y precisa en disposiciones jurídicas que prohíban y sancionen conductas y obliguen a las autoridades a emprender acciones que garanticen un acceso pleno a las oportunidades de desarrollo personal y social.

A su vez, la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez (PAN) señaló que el dictamen surge de una práctica inadmisible: las violaciones al derecho de acceso libre e igualitario a la educación en los casos de niños contagiados del virus del VIH, SIDA, sin que exista una justificación relacionada con riesgos a la salud de las personas con las que conviven en clase.

Al manifestar su apoyo a las reformas a la Ley de Educación, puntualizó que el respeto a los derechos humanos alienta la vida de una auténtica democracia.

El diputado Javier Bravo Carbajal (PRI) pidió adicionar el tema lateralidad, ya que en México existen alrededor de 10 millones de personas zurdas, que sufren rechazo en los centros escolares, donde no existan suficientes butacas para que puedan realizar sus labores educativas de acuerdo a su preferencia

El documento pasó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.