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Boletín N°. 1576 Hay un conflicto de leyes entre la norma interna y el derecho internacional: Diputada Rebeca Godínez

• Los acuerdos suscritos por México en el ámbito mundial no son equiparables con las leyes nacionales, agregó

La Constitución Política Mexicana ha sido rebasada en sus preceptos porque su contenido no establece jerarquía de cada uno de los ordenamientos jurídicos que la componen, lo que genera un conflicto de leyes entre la norma interna y el derecho internacional, aseguró la diputada Rebeca Godínez y Bravo (PRI), presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Durante el foro “La Jerarquía Constitucional de los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, convocado por la citada Comisión, legisladores y especialistas en la materia coincidieron en que los acuerdos suscritos por México en el ámbito internacional no son equiparables con las leyes nacionales, lo que genera un desfase en su aplicación.

Al respecto, la legisladora priísta señaló que la redacción del artículo 133 constitucional permite diversas observaciones, de ahí que es función de quien lo interprete otorgar el lugar que ocupa la norma internacional en el sistema constitucional mexicano. De ahí que, agregó, los acuerdos estén sujetos a la interpretación de los tribunales y convenciones en el orden jurídico nacional.

Para ello, precisó, se han propuesto diversas soluciones, entre las que destacan que los tratados internacionales y las leyes federales tienen igualdad de jerarquía, según diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otra se refiere a que los acuerdos suscritos en el ámbito internacional son superiores a las leyes federales y se ubican en segundo lugar respecto de la Constitución.

Godínez y Bravo indicó que lo anterior genera dudas sobre la invocación efectiva del amparo para resolver conflictos por la aplicación de derechos humanos contenidos en convenios mundiales que en la materia hayan sido ratificados por México.

Se refirió a los tratados que el gobierno mexicano ha suscrito en el ámbito internacional en la materia, como las Convenciones Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia.

En su exposición, Juan José Gómez Camacho, encargado de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que México ha suscrito 70 tratados, protocolos y convenciones internacionales en los cuales se reconocen plenamente las garantías individuales. No obstante, precisó, en el ámbito nacional no existen los mecanismos para cumplirlos, toda vez que no son equiparables con las leyes nacionales.

Explicó que existe un desfase entre lo que nuestro país está obligado a cumplir y lo que puede garantizar con la legislación nacional, por lo que, dijo, se debe cerrar esa brecha, discutir la naturaleza jurídica y elevar los tratados internacionales al mismo nivel que las leyes internas.

Por su parte, Irma Leticia Flores Díaz, en representación de la ministra Olga Sánchez Cordero, coincidió en que existe un problema en la jerarquía de normas, ya que, aclaró, la Constitución reconoce a los tratados internacionales pero la materia está dispersa en todo su articulado y no existe un esquema claro, lo que genera problemas de legalidad.

 
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