Con el objeto de aplicar con mayor rigor la ley que reprime y reprende actos de linchamiento, el diputado Gonzalo Moreno Arévalo (PRI) presentó la iniciativa por la que se reforman los artículos 13, 64 Bis, 296, 303, 304, 309, 315, 315 Bis y 321 del Código Penal Federal.

“No está en duda que la justicia por propia mano es un fenómeno social que ocurre en contextos específicos en los que no podemos obviar la ausencia a la débil presencia del Estado, su corrupción o incompetencia, lo que de alguna manera parece justificar estos excesos”, señala el texto.

Moreno Arévalo indicó que la realidad de nuestra sociedad obliga a poner especial atención en los factores y ánimos que intervienen en los homicidios tumultuarios y en la forma de recuperar el control del poder público que “se encuentra en grave riesgo de ser secuestrado de manera permanente”, añadió.

La propuesta fue remitida para su estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Ley de Protección al Ahorro Bancario

Posteriormente, el diputado Jaime Moreno Garavilla (PC) leyó la iniciativa que reforma los artículos 75, 76 y 77 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, al resultar incongruente que los representantes del Congreso en la Junta de Gobierno del IPAB sean designados por el Ejecutivo Federal. La iniciativa se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Seguridad para turismo náutico

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público fue turnada la iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley Federal de Derechos, presentada por la diputada Irma S. Figueroa Romero (PRD) por la que se propone instrumentar un sistema de seguridad integral para el turismo náutico.

Reformas al 115 constitucional

En su oportunidad, el diputado priísta, Pedro Ávila Nevárez, solicitó reformar el artículo 115 de la Carta Magna, a fin de brindar mayores ingresos a los municipios marginales y con ello subsidiar la pobreza extrema.

Sobre el mismo reglamento, el legislador por el PRD, José Luis Medina Lizalde, solicitó que dentro de los respectivos artículos de la Constitución Política se establezca la diferencia entre juicio político y declaración de procedencia. Ambas iniciativas, se turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Ley General de Educación

Se remitió a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa que reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, con objeto de impulsar dentro de las escuelas de educación básica, la cultura física deportiva, que favorecerá el bienestar social, intelectual, psicológico y el fortalecimiento de los valores humanos.

Fechas límite para aprobar iniciativas en materia de Presupesto

El diputado Hugo Rodríguez Díaz (PRD) propuso, a través de una iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 73 de la Constitución, establecer fechas límite para que las Cámaras del Congreso analicen, discutan y, en su caso, modifiquen, las iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal en materia de Presupuesto. Se canalizó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Derechos de menores

Por su parte, la legisladora del PRD, Angélica de la Peña Gómez, puso a consideración del Pleno de la Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que cuando la víctima o el ofendido por delitos sexuales o secuestro sean personas menores de edad, no estarán obligados a carearse con el sospechoso y, en estos casos, el inculpado no podrá solicitar el careo con la víctima y se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Incrementar penas y sanciones por actos de terrorismo

A su vez, el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM, propuso modificar el Código Penal Federal a fin de que se imponga pena de prisión de dos a 50 años y multa de hasta 50 mil pesos, sin perjuicio de la pena que resulte, al que utilice explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, por incendio o por cualquier medio violento en contra de personas, cosas, ecosistemas, recursos naturales o servicios al público que produzca terror en la sociedad. La propuesta fue enviada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Disminuir abusos contra tarjetahabientes

Más adelante, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI) presentó una iniciativa que reforma la fracción VII del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a fin de regular adecuadamente las operaciones mercantiles relacionadas con el manejo de tarjetas de crédito y establecer prohibiciones en los procesos de utilización de los servicios derivados de la apertura de crédito en cuenta corriente y disminuir las desviaciones y abusos contra los usuarios.

Añadió que existe liberalidad normativa en beneficio de la banca múltiple y de los negocios afiliados, que ocultan al titular de la tarjeta el contenido de sus contratos de afiliación y le cobran comisiones que los establecimientos deberían pagar con sus recursos. Dijo que esta práctica puede eliminarse al regular la obligación del afiliado de cobrar los precios establecidos para la venta al contado, cuando se efectúe el pago con tarjeta de crédito. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen.

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Luis Antonio González Roldán, del PVEM, presentó una iniciativa que adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con el objeto de que las aportaciones, excepto las efectuadas a vivienda, puedan retirarse por el titular a fin de aportarlas como capital social de una micro, pequeña o mediana empresa que tenga dos años de operación e ingresos anuales equivalentes a 700 salarios mínimos mensuales, siempre y cuando el titular tenga dos años de no cotizar y sea accionista de la misma. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.