Con 276 votos en pro, 76 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de adecuarla a la reforma constitucional de 2001 en materia indígena y establecer que para los efectos de esta legislación las comunidades indígenas son centros de población con espacios urbanos y ambientales.

El documento de las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Asuntos Indígenas, el cual se devolvió al Senado para continuar su trámite, destaca como uno de sus objetivos promover programas de mejoramiento y desarrollo urbano en las comunidades indígenas y que éstas se hagan en consulta con las etnias.

Para fundamentar, la diputada Beatriz Zavala Peniche (PAN) afirmó que el presente dictamen se sustenta principalmente en el interés de actualizar la Ley General de Asentamientos Humanos con relación a la reforma constitucional en materia indígena, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001.

El dictamen establece, en términos generales, modificaciones al marco jurídico para garantizar a las comunidades integrantes de un pueblo indígena el reconocimiento a sus derechos y a la seguridad que la ley les confiere, subrayó.

Añadió que se incorporan en dicho ordenamiento atribuciones para la Federación, entidades y municipios, para el mejoramiento y desarrollo urbano en comunidades indígenas de acuerdo a sus necesidades.

Asimismo, se reproduce la definición de las comunidades integrantes de un pueblo indígena, tal como se manifiesta en el artículo segundo de la Constitución Política y se amplía dicho concepto al establecer que estas comunidades son centros de población; se considera de interés público la importancia de los programas para mejorar las condiciones y espacios destinados a vivienda y recreación, en concordancia con el cuidado del medio ambiente.

Subrayó que las modificaciones incorporan un instrumento valioso para lograr que las comunidades integrantes de los pueblos indígenas sean consultadas para la promoción de programas especiales, incorporando sus recomendaciones y propuestas a las soluciones de sus problemas.

Se considera la ampliación de facultades de los municipios para que éstos puedan suscribir con las comunidades indígenas convenios de concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en los planes o programas sobre asentamientos humanos.

También para fundamentar, la diputada Sofía Castro Ríos (PRI) señaló que la reforma al artículo segundo constitucional, publicada el 14 de agosto de 2001, significa alcanzar uno de los reclamos de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello su fracción votaría a favor.

Indicó que se reconoce que las comunidades indígenas son centros de población y se remarca el carácter de interés público de los programas para mejorar sus condiciones, espacios para convivencia y recreación, así como las posibilidades de acceso de financiamiento público y privado, a fin de ampliar la infraestructura de bienes y servicios.

Al presentar el voto particular del PRD en contra del dictamen, el diputado Bernardino Ramos Iturbide dijo que de aprobarse se estaría dando la espalda a los pueblos indígenas, ya que “constituye un pésimo mensaje de esta Cámara en la construcción de un México moderno, pluricultural, multiétnico y democrático y representa un retroceso para el diálogo y la paz digna en Chiapas”.

Explicó que las adiciones a los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Asentamientos Humanos, excluyen a las autoridades y representaciones indígenas para promover los programas de planeación y desarrollo, dejando las decisiones en manos de la autoridad constitucional correspondiente y la participación de los habitantes indígenas se reduce a su simple opinión, que no tiene carácter vinculatorio.

“Así tenía que ser para ser congruente con el Artículo 2 Constitucional, que les niega el derecho a decidir; se trata de repetir la historia de subordinación y tutela a la que han sido sometidos desde la conquista; se ensalza la historia y grandeza de nuestros antepasados como cortina de humo para continuar el sometimiento, la discriminación y marginación de cerca de 13 millones de mexicanos”, agregó.

Enseguida, la diputada panista Margarita Chávez Murguía, manifestó el voto de su bancada a favor del dictamen, pues estas reformas y adiciones atienden el rezago de los pueblos y comunidades indígenas, coadyuvando a que superen el atraso en materia de infraestructura y servicios, que las pone en desventaja respecto al resto del país.

Dijo que los programas especiales que se proponen, permitirán aplicarles recursos adicionales, enfatizando su participación y toma de opinión; se institucionaliza la obligación gubernamental de consultarlas e incorporarlas en los procesos de elaboración y ejecución de los programas de desarrollo urbano y, en general, de los asentamientos humanos; además de que se abren las puertas a las comunidades indígenas para convertirse en actores centrales de su desarrollo.

Indicó que los logros constitucionales que ha habido en esta materia, deben aterrizarse y reglamentarlos en las leyes secundarias que procedan. “Son un gran avance y no podemos frenarlo, pues no impide el análisis y discusión del tema; el capítulo no está cerrado ni mucho menos acabado, pero en tanto avancemos, contribuyamos al desarrollo integral y sustentable que necesitan los pueblos y comunidades indígenas”, enfatizó.

El diputado Javier Manzano Salazar (PRD) presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, consideró que la reforma en materia indígena decretada en agosto del 2001, mediante la cual se reconocieron y establecieron una serie de derechos relacionados con los pueblos indios del país, debiera iluminar la revisión de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Pidió recordar que en el debate nacional suscitado por dicha reforma constitucional, diversos sectores indígenas reclamaron el retroceso en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos, y en particular el acotamiento del derecho a la libre determinación.

Desde esa óptica, apuntó, establecer el interés público en los programas para esas comunidades es insuficiente respecto al reclamo de que se reconozca a los pueblos como entidades de derecho público. “Con este dictamen su personalidad jurídica se limita y se queda como una simple consulta no vinculatoria y subordinada a las decisiones de los niveles de gobierno, aseveró.

En pro, el diputado Huberto Aldaz Hernández, por el PAN, precisó que esta ley tiene las limitaciones del propio marco legislativo de nuestro país, “porque en ningún momento está reglamentado que las consultas sean vinculatorias, y no para pueblos indígenas, sino para todas las consultas que se hacen a la población nacional”, apuntó.

Dijo que este dictamen representa un avance en el reconocimiento y vigencia de los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas y reconoce su personalidad, así como sus formas y tradiciones.

Apuntó que por parte de los legisladores existe un compromiso de crear políticas públicas en beneficio de este sector y no aprobarla es seguir excluyéndolos y marginándolos.

Al manifestarse en contra del dictamen, la perredista Marbella Casanova Calam expresó que la aprobación de dicha ley significará retroceder al compromiso que asumió el gobierno mexicano con el sector indígena.

Dijo que se trata de una nueva reglamentación tutelar y paternalista que nada cambia la vida de los pueblos porque no contribuye a posibilitar el derecho que tienen al libre ejercicio y determinación en un marco de autonomía.

Manifestó que el reclamo de esta población es de grandes cambios, no maquillajes a leyes secundarias; demandan ser pueblos, no centros de población; exigen autonomía y libre determinación a controlar sus instituciones, recursos, tierras estructuras sociales, no tutelajes; piden derechos plenos, no compasión, concluyó.