• Dictó una conferencia en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey

La controversia constitucional que interpuso el Ejecutivo sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación no sólo pone en juego cuestiones jurídicas de gran relevancia, sino asuntos políticos fundamentales que involucran a los tres Poderes de la Unión, y podría definir la evolución de las relaciones entre ellos, afirmó el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.

Al ofrecer una conferencia en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, comentó que el principio general del tema en cuestión es que el Legislativo, por ser la representación del pueblo, determine el monto y la distribución de los recursos que se deben captar y aplicar, correspondiendo al Ejecutivo proponerlos, ejercerlos y rendir cuenta de ellos.

Ante la presencia de alumnos y del Director de la Facultad, licenciado José Roble Flores, el legislador reiteró que se pretende obscurecer o condicionar la facultad exclusiva del Legislativo de aprobar y, en su caso, modificar el Presupuesto, aduciendo a una supuesta facultad del Ejecutivo para vetar.

Por lo anterior, destacó que son tres los aspectos fundamentales en la materia: el de fondo, la pretendida facultad de observar el Presupuesto por parte del Ejecutivo; el alcance de las modificaciones que puede hacer la Cámara de Diputados y el derecho de ésta de establecer destino final a los recursos que no fueron distribuidos adecuadamente por el Ejecutivo.

Aclaró que las inconformidades que ha expresado la Cámara de Diputados se refieren solo a las irregularidades en que se incurrió al admitir la demanda de controversia constitucional, y no sobre el pleno respeto a las atribuciones y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la misma.

Recordó que desde Venustiano Carranza, en 1918, hasta la fecha, ningún Presidente de la República había devuelto el decreto de presupuesto a la Cámara, siendo que aquella vez la Comisión de Puntos Constitucionales determinó: “no le reconoce, ni le puede reconocer el derecho de veto” además de señalarle “que la Constitución le obliga a promulgar inmediatamente el decreto de 5 de septiembre del año actual”

El representante legal de la Cámara de Diputados denunció las inconsistencias en que incurrieron los Ministros de la Suprema Corte: en primer lugar y en contravención del Artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, la Comisión de Receso designó a un ministro instructor para conocer de la controversia, siendo que es facultad exclusiva de su Presidente.

Después, dijo, el Acuerdo General 12/2004 de la Corte, en el que basó su actuación, es irregular porque expresa que la Comisión de Receso sólo tendrá facultades de tratar los asuntos administrativos de carácter urgente, no obstante, decidió conocer del asunto.

Otra de las “perlas” del mencionado acuerdo, expuso Beltrones, es que aduciendo a un código inexistente, el de Instituciones y Procedimientos Federales, el Máximo Tribunal decretó días hábiles los inhábiles, para efectos de que la Cámara de Diputados contestara en forma a la demanda de controversia.

Ante ello, la Mesa Directiva presentó dos incidentes de nulidad contra la actuación de los Ministros, así como reclamos contra la admisión de la demanda y el otorgamiento de la suspensión de partidas.

Explicó que la intención de la Cámara de Diputado es definir la legalidad del mencionado Acuerdo para que en el futuro no se afecten los derechos de individuos y las facultades de instituciones que participen en asuntos de los que conozca la Comisión de Receso, que a consideración de los diputados se excedió en sus facultades al diferir y contraponer normas específicas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, aclaró el diputado Manlio Fabio Beltrones, cualquiera que sea la resolución de la Suprema Corte no importará cuál de las partes obtenga una decisión favorable, sino que el diferendo legal permita esclarecer el antiguo dilema del derecho constitucional mexicano y finalice el debate sobre si el Ejecutivo puede o no realizar observaciones al presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados.

Expresó que la presidencia de la Mesa Directiva no obviará ningún recurso que esté a su alcance e interpondrá todos los medios de defensa y acciones jurídicas para que lo aprobado por la Cámara sea declarado constitucional y legal.

“Hemos mantenido y mantendremos un absoluto acatamiento a las normas jurídicas y al órgano encargado de aplicarlas ofreciendo, pero también exigiendo, un estricto apego a derecho por parte de todas las instancias que intervienen en la controversia y en su desahogo”, abundó.

La Cámara de Diputados trabaja en la preparación de los alegatos que presentará para hacer valer sus razones en el fondo de la Controversia, para lo cual tiene como plazo tentativo la audiencia del próximo día 30 de marzo, adelantó.

Por último, informó que durante el presente periodo de sesiones se trabajará sobre una Ley de Presupuesto Federal que podría conducir a resolver en definitiva los asuntos que están en el centro de la controversia y a modernizar el marco de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.