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Con el fin de incrementar la participación de la iniciativa privada en la operación de los aeropuertos del país, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Aeropuertos, para que las concesiones a las entidades de la Administración Pública Federal se otorguen sin licitación, cuando no exista interés de los particulares en participar en los procesos de adjudicación.

El documento dado a conocer por el diputado Luis Maldonado Venegas (Convergencia) y turnado a la Comisión de Transportes para su estudio y dictamen, plantea además que no podrán ser titulares de permisos las personas físicas, cuando haya una disposición judicial que así lo establezca.

Subrayó que los legisladores deben atender las inquietudes de los concesionarios del país y proponer reformas que contribuyan a alentar las inversiones en el sector, pero también se requiere su corresponsabilidad para incrementar los empleos en el sector y mejorar la atención a los consumidores.

Por tal motivo, consideró necesario establecer la obligatoriedad de que los aeródromos civiles observen las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, puesto que sus servicios se dirigen a éstos.

Dijo que si bien el actual artículo 14 de la Ley invoca la faculta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, a las entidades de la administración pública federal, sería conveniente que se cuente con una mayor participación de la iniciativa privada en la operación de los aeropuertos.

Propuso precisar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por sí, o por cuenta de los concesionarios, efectúe la compraventa o, en su defecto, promueva la expropiación de los terrenos y construcciones para la ampliación y conservación de aeropuertos, previa evaluación e indemnización, respetando el artículo 27 Constitucional.

Consideró que dada la importancia de la operación de los aeropuertos, desde el punto de vista económico y de seguridad nacional, se debe incorporar a un representante de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y al diputado federal del distrito, donde tenga su asiento el aeropuerto, puesto que ello permitiría promover de manera directa los cambios legislativos que se requieren.