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• Es necesario renovar la plantilla de custodios ante los últimos hechos registrados en La Palma y Matamoros

Ante la grave situación que se vive al interior de los penales de máxima seguridad por la disputa y muerte de integrantes del narcotráfico y personal administrativo, el diputado Jorge Uscanga Escobar (PRI) pidió adicionar un segundo párrafo al artículo 5 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a efecto de que custodios y trabajadores penitenciarios se sujeten a procedimientos de evaluación por lo menos cada seis meses.

El también presidente de la Comisión de Seguridad Pública aseguró que es necesario valorar por medio de procedimientos especializados, con carácter obligatorio y periódico, si el personal de las cárceles cumple los requisitos de vocación, aptitudes, preparación académica y antecedentes personales, tal como lo establece la propia legislación.

Dijo que a raíz de los homicidios de Miguel Ángel Beltrán Lugo, conocido como el “Ceja Güera” y Arturo Guzmán Loera, alias “El Pollo”, así como la investigación que se sigue a 50 custodios del penal de La Palma, en el Estado de México, y el asesinato de seis personas que laboraban en la cárcel de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, el tema en los penales federales de máxima seguridad debe ser prioritario en la agenda de seguridad pública nacional.

Indicó que el pasado 14 de enero más de un millar de soldados y agentes federales tomaron el control de La Palma y se inició una serie de operativos en las demás cárceles de máxima seguridad del país, a fin de restablecer el control y orden.

Uscanga Escobar explicó que estos acontecimientos han dejado al descubierto la vulnerabilidad de los penales de máxima seguridad nacional y la falta de atención que el Gobierno Federal le ha dado al papel del personal que labora en el proceso de readaptación social de reos.

Reconoció que no es casual que los custodios tengan vínculos con el narcotráfico, ya sea por temor o corrupción, incluso, sueldos bajos, la falta de capacitación, evaluación y garantías de seguridad social.

El diputado priísta destacó que en México existe un gran rezago en materia de capacitación, actualización y evaluación de los custodios, además de que la proporción entre el número de vigilantes y reclusos en las cárceles de máxima seguridad es de un guardia por cada 30 internos, mientras que en otros países hay un guardia por cada preso.

Al respecto, señaló que en La Palma, en uno de los tres turnos, 562 reos están a cargo de 75 guardias y en las Islas Marías, que tiene una población aproximada de 630 internos, son resguardados por 32 vigilantes.

En países como Argentina, dijo, existen tres penales federales de máxima seguridad, dos de las cuales tienen una proporción de dos presos por cada custodio y la tercera es de 1.5 presos por agente. Mientras que en Bolivia, con un solo penal, existe un vigilante por recluso; personal que está obligado a cursar tres años en la Escuela Superior de Policía.

Indicó que en Francia no existen cárceles de alta seguridad debido a que los penales se dividen entre los que albergan detenidos que cumplen penas largas y los de rápida reintegración. La proporción es de 39 guardias por cada 100 detenidos y el proceso de selección de custodios se basa en un examen de admisión y 8 meses de capacitación en la Escuela Nacional de Administración Penitenciaria y Prácticas Penales, además de que al término del curso se les aplica otra prueba.

El diputado Jorge Uscanga Escobar precisó que el pasado 12 de octubre, el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta dio a conocer ante la comisión que preside, la creación de un plan para depurar el cuerpo de custodios y aumentar la plantilla, toda vez que el personal en las cárceles es insuficiente.

No obstante, precisó, el 13 de diciembre se emitió la convocatoria para iniciar el curso el 17 de enero, pero no hubo aspirantes suficientes y se canceló. Lo anterior, comentó, se debe a la escasez de custodios y la falta de interés para ingresar a cursos de capacitación, lo que constituye focos rojos en materia de readaptación social.

Por otra parte, señaló que el equipo de custodios a nivel federal está descuidado y olvidado, además de que se contrata personal no capacitado en la prevención y readaptación de sentenciados o que cuentan con antecedentes penales.