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El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, diputado Cruz López Aguilar (PRI) advirtió que mientras el gobierno mexicano sólo cubre entre el 12 y 15 por ciento de lo que sería el valor de la producción agrícola, Estados Unidos la financia y apoya con el 80 por ciento. “Es un enorme rezago que se tiene que corregir porque es una asimetría en cuanto a cobertura y costos financieros”.

En Estados Unidos se dan apoyos con tasas de intereses del dos por ciento multianual para pagar el financiamiento; nosotros no contamos con estos soportes, por ello es necesario analizar y precisar las restricciones que limitan el desarrollo del sistema nacional de financiamiento rural e identificar las estrategias y acciones que permitan superarlas.

Así lo señaló durante el Taller de Análisis Hacia el Sistema Nacional de Financiamiento Rural, organizado por la Comisión de Agricultura y Ganadería y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.

El acceso al crédito es muy limitado por falta de garantías reales de los agentes económicos, además el alto riesgo de las actividades rurales percibido por las instituciones financieras encarece el respaldo monetario y lo burocratiza.

Planteó una revisión a través de diferentes escenarios: uno de ellos, donde se encuentra el sistema técnico consultivo y participan todos lo que tienen que ver con financiamiento, lo que significa involucrar a quienes constituyen la población económicamente activa en el campo.

El otro escenario incluye a quienes están prestando los apoyos financieros a nivel de productor, la problemática y soluciones para acceder al crédito necesario.

Por su parte, el diputado Antonio Mejía Haro (PRD), secretario de la Comisión resaltó que el crédito es central en los servicios fundamentales para el desarrollo del campo mexicano, pero lamentablemente su cobertura es incipiente.

En el taller se revisaron cuatro temas: Los intermediarios financieros rurales; el Sistema Nacional de Garantías, Fondos de Inversión y de Disminución del Riesgo (FORCIR) y programas gubernamentales de apoyo y financiamiento. Participaron organizaciones de productores del sector rural, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Nacional Campesina.