Diputados de diversas comisiones aprobaron los dictámenes por los que se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, cuyo propósito es impulsar su producción y comercialización, así como el que expide la Ley de Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura.

En reunión de las comisiones unidas de Agricultura, Especial del Café y para analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar de la Cámara de Diputados, se aprobó la creación de la Ley de Desarrollo Integral Sustentable de la Cafeticultura, a efecto de normar y fomentar el fortalecimiento de la producción, comercialización, industrialización y consumo de café.

Para ello, se crea el Consejo Mexicano del Café como órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo propósito será la elaboración de proyectos y normas oficiales mexicanas en la materia y mantener actualizados los registros nacionales de productores, industrializadores, comercializadores y exportadores.

Dicho organismo supervisará la aplicación del Programa Integral para el Desarrollo de la Cafeticultura, basado en el Registro Nacional Cafetalero; además será el encargado de operar el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura.

En el dictamen se reconoce que la comercialización internacional del café ha causado grandes estragos entre los principales países productores, muestra de ello es que el año pasado la producción cafetalera mundial llegó a más de 100 millones de sacos (de 60 kilogramos cada uno) y para este año será de 115 millones.

También los legisladores aprobaron el dictamen por el que se crea la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de la Caña de Azúcar, integrada por 152 artículos y ocho transitorios, cuya finalidad es normar lo relacionado con esa actividad y la rectoría del Estado en la materia.

En el documento se propone la instrumentación del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la creación del Comité Nacional Sistema-Producto Caña de Azúcar y de la Junta Permanente de Arbitraje, como instancias de coordinación, en el que estarán representados, en paridad, los agentes de esa agroindustria.

Se obliga al Estado a promover las políticas y programas del sector; los apoyos y estímulos a la producción; la divulgación de los avances tecnológicos; control de los inventarios del endulzante; la diversificación del uso de la caña de azúcar y la ejecución de proyectos concertados entre abastecedores de ésta y los ingenios.

Cabe señalar que la actividad azucarera genera más de 440 mil empleos permanentes y temporales, con lo que sus beneficios directos e indirectos se extienden a 2.5 millones de personas.