Presentó iniciativa para reformar el artículo 1401 del Código de Comercio
Con la intención de que los juicios ejecutivos, que tienen por objeto la tramitación de un negocio, adquieran prontitud, el legislador Jesús Martínez Álvarez (Convergencia) presentó iniciativa que reforma el artículo 1401 del Código de Comercio, precisando que los quince días para el desahogo de pruebas sean naturales, lapso que no deberá prolongarse.

Martínez Álvarez indicó que esta reforma traería como resultado mayor certeza jurídica y económica, al recuperar rápidamente los créditos avalados por los títulos que se constituyen como base de la acción, dando fuerza y sustento al trabajo de los juzgadores al pronunciar un fallo urgente.
Destacó que ante la gran cantidad de este tipo de juicios que actualmente se tratan en los juzgados del país, éstos implican enormes cantidades en dinero, los cuales se encuentran estancados por la discreción de los juzgadores para desahogar las etapas procesales, sin que exista prontitud dentro de los procedimientos, especialmente en la etapa de desahogo.

Precisó que se busca primordialmente que los juicios ejecutivos, sean civiles o mercantiles, se tramiten con mayor rapidez, siendo ésta la esencia de los mismos.

El legislador mencionó que tratándose de los juicios ejecutivos mercantiles, se debe procurar que éstos sean todavía más rápidos que los civiles, en beneficio de todo acto de comercio.

Señaló que al modificar el artículo 1401 del referido Código se podrá especificar que el desahogo de pruebas no exceda de un término de quince días naturales, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias, señalando las fechas de recepción documental.

Subrayó que las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez, o su prórroga si la hubiera decretado, serán bajo la responsabilidad de éste, quien sin embargo podrá mandarlas a concluir en una sola audiencia indiferible, que se celebrará dentro de los diez días naturales siguientes.

Finalmente, Martínez Álvarez resaltó que los juicios ejecutivos mercantiles representan cientos de millones de pesos que se pueden tornar improductivos, lo que contribuye a generar un retraso para la economía del país.