• La resolución de la SCJN invalida importantes partidas y tensa la relación entre Poderes

Legisladores federales y locales del sector rural propusieron que el Ejecutivo Federal convoque a una renegociación del Presupuesto de Egresos del 2005, para evitar que la Cámara de Diputados con los mismos criterios utilizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le imponga el presupuesto a la Presidencia, mediante la votación de las dos terceras partes de los diputados federales.

Mediante una declaración política dada a conocer durante el Segundo Encuentro Nacional de Comisiones Legislativas del Sector Rural, al que asistieron diputados de diversas entidades, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se solicitó asimismo el respeto a lo aprobado por la Cámara de Diputados en el programa Especial Concurrente 2005 y la aplicación oportuna de los diferentes programas y partidas autorizadas en el anexo 17 del Presupuesto.

En el documento leído por el diputado Miguel Luna Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, los legisladores expresaron su rechazo a la resolución de la SCJN, "pues ello enfrenta y tensa la relación entre los poderes de la nación, afecta importantes partidas autorizadas para el desarrollo agropecuario, educación, salud y obras de infraestructura social".

Consideraron importante que para el próximo año se implemente un presupuesto participativo y multianual y que para ello se aplique la Ley Desarrollo Rural Sustentable en la elaboración del proyecto que integra el Programa Especial Concurrente; que los congresos locales colaboren en la identificación de acciones prioritarias y que las comisiones unidas conjuntamente con la Comisión Intersecretarial definan la estructura del gasto para el ejercicio del 2006.

El diputado Luna Hernández dijo que no permitirán que se reduzca el presupuesto para el campo de 146 mil millones de pesos a 125 mil, como lo propone el Ejecutivo, pues la controversia solamente incluye el dos por ciento de lo aprobado por los legisladores.

Añadió que la Cámara de Diputados tendrá que convocar a un periodo extraordinario de sesiones para tomar una decisión sobre ese dos por ciento, "porque nosotros no vamos a aceptar una injerencia del Poder Judicial dentro del Poder Legislativo; es una de nuestras facultades revisar, analizar y modificar el presupuesto de acuerdo al Artículo 74 Constitucional".

"No por una chicanada legal de la SCJN nos quieran reducir 20 y tantos mil millones de pesos. Eso no se va a poder, porque el Presidente solamente en la controversia metió el dos por ciento que sería, a lo mejor, lo único que aceptásemos". "Probablemente nos van a decir que también caemos en desacato a la SCJN, cuando ella es la que se está metiendo al terreno legislativo", abundó.

Luna Hernández agregó que la controversia no puede ser motivo para que la Comisión Intersecretarial, compuesta por la Secretaría de Agricultura como cabeza, las Secretarías de Economía, Hacienda, Desarrollo Social, Medio Ambiente y Reforma Agraria, se escuden para decidir que no se ejerza el presupuesto.

En la reunión, la Comisión dio a conocer un estudio denominado de Impacto Presupuestal por Programa Derivado del Proyecto de Resolución de la SCJN a la Controversia Constitucional, en donde dan a conocer las partidas que quedarían invalidadas:

Anexo 17, el Programa de Áreas Naturales Protegidas de Semarnat con 57 millones de pesos, queda totalmente invalidado. El presupuesto consideró que estos recursos fueran para apoyar a Pantanos de Centla, Laguna de Términos, Sierra Gorda, Calakmul, Montes Azules, Los Tuxtlas, Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y Fondo Patrimonial Sian Khan.

También queda invalidado el fondo contenido en el citado anexo, para el Pago de Adeudos a Braceros Migratorios que trabajaron de 1942 a 1964, que son 298 millones 500 mil pesos.

Asimismo queda invalidado, en Sagarpa, el Fondo de Apoyo a la Modernización Académica e Investigación, por 148 millones 500 mil pesos, para apoyar a universidades y a la investigación rural; el Centro de Mejoramiento Genético de Ganado Bovino, por 19 millones 800 mil pesos; Promotora de Protección, Desarrollo, Acopio y Abasto de Semillas Mejoradas y Variedades Nativas Mexicanas, por 123 millones 800 mil pesos; Sistema de Extensión Agropecuaria y Rural por 396 millones de pesos y el Subprograma de Infraestructura de Comercialización e Industrialización Social para crear dos plantas de etanol, por 297 millones de pesos..

También se afectan nuevos programas que fueron autorizados por la Cámara de Diputados por un total de mil 264 millones de pesos, que incluyen Apoyo a la Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas; Trabajadores Agrícolas Migrantes Temporales Mexicanos; Incubadora de Negocios para Jóvenes; Fondo para el Desarrollo Productivo de Regiones Marginadas y Fondos Regionales de Combate a la Pobreza.

Igualmente, el Programa de Seguridad Social Jornaleros Agrícolas con lo que se paga y se complementa las cuotas de los trabajadores en convenio con el IMSS, de 61 millones 800 mil pesos; el Programa de Apoyo al Transporte de Migrantes en Extrema Pobreza que desean regresar a México, 15 millones; Apoyo a Mujeres e Hijos Migrantes en el Territorio Nacional, 5 millones de pesos.

Además, los Convenios de Sagarpa para apoyar los ingenios Independencia, la Concepción y Santo Domingo, 50 millones de pesos; el FIRCO para caña de azúcar, 22 millones 300 mil pesos; el de Seguridad Social a Cañeros de menos de tres hectáreas y media, por 200 millones de pesos, y el Programa de Seguridad Social a Jornaleros, donde está la Secretaría de Salud, por 289 millones de pesos.

El diputado Miguel Luna Hernández, destacó que para el campo durante tres años consecutivos la Cámara de Diputados ha autorizado recursos superiores a los solicitados por el Ejecutivo. Agregó que con esta experiencia y sabiendo que el presupuesto cada año tiene un retraso y subejercicios mayores al 10 por ciento, es necesario la elaboración de un presupuesto participativo para el 2006.

El legislador Luna Hernández agregó: es posible "si logramos sentar a la Comisión Intersecretarial para que junto con los diputados del sector rural se defina la estructura".

Puntualizó que lo más importante será el ejercicio de los congresos locales para planear por municipio, comunidad, producto y organización, con el propósito de definir las prioridades para el próximo año, cuya experiencia ya se aplica en Brasil con resultados exitosos.

A su vez, se pronunció para que se suscriba una declaración de legisladores del sector rural y exijan la aplicación de un presupuesto digno para el agro en el 2005 y que el Ejecutivo Federal respete las asignaciones realizadas en el Anexo 17 y evitar que el enfrentamiento entre los Poderes del país se agudice.

Planteó que la Conferencia Mexicana de Legisladores del sector rural se instale en forma permanente para apoyar a los diputados federales en defensa del presupuesto al agro en el 2005.

A la reunión asistieron diputado locales de Aguascalientes, Nuevo León, Nayarit, Tlaxcala, Guanajuato, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas, Coahuila, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y presidentes municipales.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Héctor Guijosa Mora, del grupo parlamentario del PRD, expuso que el asunto de la controversia no puede ser el camino que dé respuesta a las demandas campesinas.

Agregó que " aquí no gana el Ejecutivo Federal o pierde el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia no puede ser la que se cargue para un lado u otro, sino que aquí perdemos todos, por lo que no se puede continuar en el camino de las vencidas, puesto que la grave situación del campo nacional requiere de la disposición y voluntad de los diversos sectores".

Dijo que es fundamental convocar y profundizar una discusión nacional, enriquecida por el esfuerzo de cada uno de las entidades y definir una estrategia para defender el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2005, así como diseñar el proyecto de decreto para el ejercicio fiscal 2006.

Propuso que las comisiones legislativas del sector rural se pronuncien por la revisión urgente del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) antes del año 2008, para evitar que desaparezca la producción agroalimentaria nacional, lo cual agudizaría los altos niveles de desnutrición de la mayoría de los mexicanos.

A su vez, el presidente del Consejo Nacional de Productores de Maguey y Mezcal, Francisco Javier Pérez Cruz lamentó que muchos de los rubros destinados al campo estén en la controversia constitucional, en perjuicio de los sectores más necesitados.

Solicitó que a través de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados se vea la forma en que los recursos etiquetados se ejecuten en tiempo y forma, ya que "los productores estamos sujetos a un temporal de lluvias".

El diputado Francisco Ortiz, de Coahuila, dijo que la resolución de la Suprema Corte destruye expectativas y programas importantes para las entidades, por lo que es necesario romper con esta arbitrariedad legitimada por parte de la SCJN.
En tanto, el diputado Lázaro Méndez López, del estado de Tabasco, propuso crear un frente común y así proteger el presupuesto de 2005 y defender el de 2006.