La Cámara de Diputados recibió este día el oficio 2193 de la Suprema Corte de Justicia dirigido a este Órgano Legislativo, relacionado con la Controversia Constitucional presentada por el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, por las modificaciones aprobadas al Presupuesto de Egresos 2005.

En el documento, la Suprema Corte de Justicia informa a la Cámara de Diputados la resolución del 17 de mayo del año en curso, dictada por el Pleno de ese Alto Tribunal, en cuyos puntos resolutivos determinó:

“Primero: Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

Segundo: Se declara la invalidez del acuerdo reclamado el 14 de diciembre de 2004, así como la nulidad parcial del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 2005.

Tercero: Han quedado sin materia las objeciones de fondo hechas valer en contra del indicado presupuesto”.

Además, el documento remitido contiene el voto particular formulado por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien se manifestó en sentido contrario al expresado por los 6 ministros que hicieron mayoría en este asunto.

En este sentido, el Presidente de la Mesa Directiva, Manlio Fabio Beltrones, ordenó el trámite a seguir, en los términos del artículo 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el envío de las observaciones o modificaciones hechas a un proyecto de ley, a la Comisión que dictaminó, en este caso a la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Además, el diputado Beltrones procedió a informar de la recepción de la notificación y de la sentencia remitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Cámara de Diputados, al Presidente e integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Por lo tanto, la Comisión de Presupuesto iniciará de inmediato el estudio de la sentencia integrada por más de 300 fojas, con el propósito de determinar el contenido y alcance de la misma, con la finalidad de estar en condiciones de precisar el procedimiento que conforme a la ley deba seguirse.

Una vez que se concluya el análisis de los resolutivos del Poder Judicial Federal, la Cámara de Diputados estará en condiciones de proponer a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fecha posible para convocar a un periodo extraordinario de sesiones.