Más de 500 asesinatos de comunicadores cometidos en la última década no han recibido sanción y los autores permanecen en libertad denunció la Asociación Mundial de Periódicos (AMP). Ante ello, se propuso crear una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra periodistas, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés (PAN) presentó el punto de acuerdo, mismo que fue turnado a la Primera Comisión de Trabajo, para solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR) lo anterior.

En la exposición de motivos la legisladora refiere que el 95 por ciento de los crímenes realizados en el 2003 en contra de periodistas siguen impunes, según un estudio realizado por la UNESCO.

Dicha proposición pretende dar mayor seguridad jurídica y garantizar la libertad de expresión; debido a que en los últimos años la profesión de periodista se ha convertido en una actividad de riesgo para quien la ejerce.

Los esfuerzos de las organizaciones internacionales y regionales de periodistas para la adopción de medidas concretas para la seguridad de éstos en todo el mundo tienen que luchar con el rechazo de empresarios de las noticias y, en ocasiones, con el gobierno.

Las estadísticas de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP), indican que desde 1970 a la fecha, en Latinoamérica han sido asesinados 700 trabajadores de la prensa.

En el 2003 en nuestro país se registraron 76 incidentes contra el trabajo informativo, un año más tarde la cifra se elevó un 21 por ciento, al consignarse 92 actos, entre los cuales destacan cuatro asesinatos y una desaparición.

Dentro del sistema penal mexicano existe un índice de impunidad del 96 por ciento, esto según las estimaciones realizadas por instituciones educativas. Estas cifras demuestran las deficiencias con respecto a la impartición de justicia y deja en claro los altos índices de impunidad existentes al momento de investigar y sancionar los actos en contra de los comunicadores.

En un sentido más amplio, la impunidad no sólo se refiere a la falta de aprehensión y sanción de los responsables, sino también al hecho de evitar o erradicar las causas que generan este tipo de daño e incluye la realización de una investigación seria, creíble, confiable y apegada a estándares internacionales en materia de procuración e impartición de justicia.

Es por ello que la responsabilidad y obligación del gobierno mexicano es alta, ya que debe sancionar a los culpables, tanto de los homicidios como de las diversas agresiones perpetradas, para generar un clima exento de impunidad.