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• Junto a sus madres, 15 mil niños viven en reclusión; 4 mil son menores de seis años

• Existen cientos de casos en que las internas son analfabetas y fueron obligadas a firmar su sentencia

• 6 mil 600 son procesadas por delitos contra la salud

En México existen 11 mil reclusas y en el 70 por ciento de sus procesos judiciales se cometieron irregularidades, por lo que la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevar a cabo visitas frecuentes a los centros penitenciarios, a fin de detectar la existencia de actos que vulneren las garantías individuales de las presas.

La diputada Gema Isabel Martínez López (PRI) propone lo anterior, ya que, dijo, numerosas de las mujeres presas no saben ni leer ni escribir y fueron obligadas por la autoridad a firmar su sentencia.

Refirió que el 65 por ciento de las reclusas son procesadas por delitos contra la salud y algunas de ellas fueron utilizadas o presionadas para cometer el ilícito, por lo que consideró necesario revisar cada uno de esos casos.

Asimismo, la legisladora indicó que la infraestructura de las penitenciarias y centros de reclusión femeniles no cubren las necesidades propias de género, pues del total de las cárceles de este tipo, sólo una cuenta con ginecólogos y en la mayoría no hay pediatras, siendo que un gran número de ellas cohabitan en las cárceles con sus hijos.

Destacó que aproximadamente el 80 por ciento de las mujeres que están privadas de su libertad son madres y alrededor de 15 mil infantes viven con ellas y de éstos cuatro mil son menores de seis años.

Abundó que ante ese panorama, es claro que el Estado no proporciona las condiciones apropiadas a estos niños, por lo que las reclusas sólo tienen dos opciones: llevarse a sus hijos con ellas o dejarlos en alguna institución de asistencia.

Puntualizó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) elabora un reglamento para los penales femeninos, que en primera instancia se aplicaría en las cárceles federales y posteriormente, mediante cabildeos con los gobiernos estatales, con vigencia en todo el país.

Resaltó también que las reclusas portadoras del Sida y las de la tercerad edad, representan la población más vulnerable, ya que aparte del delito del que son acusadas, se les condena por la enfermedad que padecen o por su edad y tienen que enfrentar el rechazo de sus propias compañeras y de las autoridades.

Aseguró que en cuanto al trabajo que las mujeres realizan en las cárceles, las descalifican y reproducen los estereotipos de género. Añadió que un ejemplo de ello es que a la población femenina se le emplea en la elaboración de manualidades, o en la maquila, en tanto que los hombres trabajan en talleres de carpintería y el sueldo es menor para ellas.

Precisó que en algunos centros penitenciarios las mujeres cosen balones de beisbol y otras más pelan pepitas y por cada bolsa se les paga dos pesos.

Señaló que por si esto fuera poco, a las mujeres indígenas presas, al no hablar español son recluidas incluso en centros psiquiátricos porque se les considera como débiles mentales.

Propuso que ante esta situación es urgente tomar medidas de reconstrucción del sistema penitenciario en base a los principios de equidad e igualdad. Todo ello para evitar que las presas pasen de la reclusión a la exclusión, sin que en algún momento se les ofrezca la posibilidad de reintegrarse a la sociedad mediante el trabajo digno.