Compareció en comisiones unidas de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados
En su comparecencia ante legisladores de las comisiones unidas de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, se pronunció por revisar el tema migratorio en la frontera sur del país.

Opinó que el Estado mexicano está falto de una verdadera política migratoria, pues a pesar de que existe una de puertas abiertas, no hay una política fronteriza, lo que da pie al terrible problema del tráfico de personas. Se requieren, dijo, “políticas públicas más agresivas”.

Ante el cuestionamiento tanto de diputados como de senadores del PRI, PAN, PRD y PT, respecto a la violación de los derechos humanos de migrantes mexicanos en la frontera norte, y en particular por la posible aprobación de la ley Sensenbrenner, el ombudsman nacional destacó que es paradójico que mientras México se manifiesta en contra de las reformas que pretende realizar el Congreso de Estados Unidos, en nuestro país se criminaliza a los ilegales cetroamericanos y sudamericanos.

“Nosotros criticamos mucho que en Estados Unidos se criminalice la migración y se pretenda construir una barda, pero un dato curioso, en México, a los migrantes se les considera delincuentes, la ley los considera así, entonces es paradójico que estemos pidiendo al norte algo que nosotros no hemos sido capaces de hacer aquí, en el sur”, dijo.

“El día de ayer el Presidente de la República inauguró una nueva estación migratoria en Tapachula, Chiapas, lo aplaudimos, pero eso no resuelve el problema, se necesita una actividad más proactiva de las autoridades migratorias y del gobierno federal”, refirió.

Al inicio de la reunión, el legislador priista, Miguel Sadot Sánchez Carreño, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, tocó el tema de las agresiones a los periodistas.

Indicó que en México los comunicadores están sujetos a una situación de peligro y de incertidumbre que no es posible mantener, a riesgo de perder uno de los valores más importantes que sostiene la democracia como es la libertad de expresión.

El diputado Joel Padilla Peña (PT) dijo que los legisladores están preocupados por estos ataques por lo que, en opinión de su partido, “la CNDH debe tomar medidas oportunas”.

Abordó también el caso de la periodista Lydia Cacho y mencionó que este vergonzozo asunto es una muestra palpable de cómo se usa el poder político y público para agredir a la prensa.

José Luis Soberanes informó que la CNDH cuenta con un Programa Especial de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles, donde en los últimos 10 años se han recibido 387 quejas, de las cuales 362 se han incluido y 25 están en trámite. En el 2005 se registraron 51 expedientes, se concluyeron 31, quedaron 20 en trámite y se emitieron dos recomendaciones. En lo que va del presente año se han registrado 10 expedientes, se ha incluido uno y 9 están en trámite.

Indicó con respecto al caso de Lydia Cacho que la Comisión ha estado pendiente de lo que sucede y ha estado recabando información a través de entrevistas y otros testimonios para integrar la queja y se espera que sea emitida en un breve plazo una recomendación.

Con respecto a las reformas en materia de medios de información y en particular el secreto profesional de periodistas, indicó que esta ha sido una queja muy sentida en el gremio periodístico.

“El Senado acogió nuestra propuesta, se estudió con mucha profundidad, se analizó, se dieron muchas opiniones y finalmente fue aprobada y ya está enlistada para su discusión mañana en la Cámara de Diputados. Si mañana la Cámara tiene a bien aprobarlo se habrá dado un paso muy importante en materia de libertad de expresión”, aseveró.

Los diputados Francisco Javier de Anda (PAN), María de Jesús Aguirre Maldonado (PRI) y Joel Padilla Peña (PT) cuestionaron a José Luis Soberanes respecto al caso de los feminicidios.

Al respecto, el presidente de la CNDH reconoció que este asunto no está plenamente resuelto, por lo que reveló que este organismo iniciará una nueva queja por la negligencia de autoridades federales y estatales implicadas.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado preguntó en cuántos estados de la República se han dado casos de feminicidio y se refirió, además, al convenio de la CNDH con la Secretaría de Seguridad Pública Federal en los casos de libertad anticipada y traslados penitenciarios al entorno familiar.

En respuesta, Soberanes Fernández, afirmó que los asesinatos de mujeres no son exclusivos de Ciudad Juárez, pues lo mismo sucede en el estado de México, en Nogales, Sonora; en Morelos, donde se registran 43 casos y en León, Guanajuato.

Más adelante, el diputado de Convergencia, Jaime Moreno Garavilla, destacó la convocatoria formulada por el ombudsman nacional a los candidatos a la Presidencia de la República en el sentido de enriquecer el debate y utilizarlo para denostar o destruir.

“Que eso lo haga el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien tiene facultad moral para hacerlo, es plausible. Lo importante es hacer participar a la ciudadanía en el marco de una democracia de mayor calidad”, refirió.

El diputado del PRD, Francisco Diego Aguilar, cuestionó sobre los retenes implementados en todo el país, tanto por autoridades civiles como militares, e hizo énfasis en que la Constitución establece en su artículo 11 que todo mexicano puede circular libremente en todo el país sin ser detenido, salvo si ha cometido un ilícito.

José Luis Soberanes respondió que esa institución envió a los candidatos a la Presidencia de la República una propuesta denominada Agenda de Derechos Humanos 2006, la cual habla, en su capítulo séptimo, sobre los retenes.

Señaló que de acuerdo con dicha agenda, si bien la función primordial del Ejército y Fuerza Aérea y Armada de México es preservar y defender la soberanía nacional, las leyes prevén la participación la participación militar en las tareas de seguridad pública siempre y cuando medie una solicitud expresa en auxilio de las autoridades civiles y nunca de manera unilateral e independiente de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, la CNDH hizo dos propuestas: que se ajuste la práctica de los retenes a los términos de la Constitución para hacer efectivo el derecho de libre tránsito en territorio nacional y que al realizar operativos de vigilancia e inspección para fines de seguridad pública federal, sea la Secretaría de Seguridad Pública Federal la que actúe como responsable y en caso de la intervención del Ejército se haga únicamente en apoyo de dicha Secretaría y bajo la más estricta responsabilidad de los servidores públicos que intervengan.

Los legisladores abordaron también la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila.

El ombudsman dijo que se ha abierto una queja al respecto luego de que algunos familiares de los mineros muertos presentaron su denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que fue remitida a la CNDH por ser de su competencia.

“El pasado 3 de marzo, la CNDH hizo la calificación respectiva y se determinó la presunta violación a los derechos humanos, además de que se solicitó que el nombre de los quejosos se mantuviera en confidencialidad por motivos de seguridad.

Añadió que se han estado pidiendo informes a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo así como a la de Economía y Energía para integrar la queja correspondiente y emitirla a la mayor brevedad posible.

Más adelante, el diputado Miguel Ángel García Domínguez (PRD) dijo que México tiene el sistema de proceso penal más retrasado de América Latina y no ha hecho nada para mejorar el sistema de justicia penal, lo cual da lugar a que se considere la confesión como prueba fundamental para obtener una sentencia condenatoria y consecuentemente eso ha propiciado la tortura.

Sobre el convenio para gestionar y agilizar los trámites para la libertad anticipada y traslados penitenciarios, dijo que en 2005 se brindó atención y seguimiento a 756 peticiones de libertad anticipada; en 372 casos, se otorgó la libertad anticipada; 78 solicitudes no cumplieron requisitos legales y el resto está en seguimiento. Además, se gestionaron 73 peticiones de traslado, se otorgó en 7 casos; 17 solicitudes no prosperaron y el resto está en seguimiento.

La diputada Angélica de la Peña Gómez (PRD), solicitó que la CNDH, en el ámbito de sus atribuciones sea vigilante del proceso sobre la reforma al 18 constitucional, que determina que todos los niños y niñas menores de 14 años privados de su libertad salgan a partir de esa fecha y lo que incurrieron en afrenta de ordenamientos penales estén bajo la jurisdicción de la asistencia social.

El Ombudsman concluyó que está de acuerdo con esa reforma e informó que se tienen planeados diversos foros para analizar y hacer las propuestas respectivas y que se visitarán todos los centros de internamiento de menores para revisar la situación. Se comprometió a informar a las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República sobre los resultados.