Formarán parte del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, los del Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y quienes laboran al servicio de organismos autónomos, ello para que puedan ser señalados por actos u omisiones en el desempeño de sus funciones.

Así lo aprobó, por unanimidad de 373 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución.

Lo anterior, en virtud de que dicho apartado no prevé en su totalidad a los funcionarios de los poderes de la Unión y los órganos mencionados, lo que podría crear problemas derivados de la interpretación de la norma y la posibilidad de diversas controversias en relación a quienes están contemplados dentro del término de los servidores públicos.

Por ello, en el dictamen se reconoce la necesidad de identificar a las personas físicas que desempeñan un cargo o comisión para el Estado, para que con base en el marco jurídico se pueda demandar el cumplimiento de sus obligaciones.

Así, el destinatario de las normas jurídicas en materia de estas responsabilidades lo constituyen la totalidad de los servidores públicos, es decir, la persona física que por disposición de ley, elección popular, nombramiento, designación o contrato de trabajo ejerza o participe en el ejercicio de funciones públicas en cualquiera de los poderes de la Unión.

Se establece que el Poder Legislativo debe garantizar la existencia de un marco jurídico en el que servidores públicos se desenvuelvan dentro de los principios rectores de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, y la rendición de cuentas.

Para el diputado Francisco Frías Castro (PRI) la reforma subsana omisiones sobre el número de servidores públicos previstos en la ley. Es importante, dijo, por el manejo presupuestal y decisiones políticas que impactan a la ciudadanía.

El también presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales reiteró que se suple una laguna jurídica en el artículo 108 de la Carta Magna. Precisó que los artículos 109 se refiere al juicio político y el 111 a la declaración de procedencia.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Pablo Gómez Álvarez, dijo que la reforma constitucional convertiría como sujetos de responsabilidad política a servidores públicos federales que no están comprendidos como tales.

Con ello, aseguró, aumenta el número de personas sujetas a juicio político, como el gobernador del Banco de México, por ser servidor público, pero esta medida es inocua porque el Poder Legislativo no ha llevado a cabo un procedimiento por esta vía.

Por otro lado, se congratuló por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abrir una investigación por petición de esta Cámara sobre el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín, aunque, reiteró, los diputados no han concretizado una sola acción al respecto.

Afirmó que los cambios políticos en el país no han sido suficientes para acabar con la impunidad, pero con esta reforma, precisó, otros servidores públicos podrán ser sometidos al régimen de responsabilidad política por parte del Congreso.

Al fijar la postura de su partido, la diputada Marisol Vargas Bárcena (PAN) indicó que en el artículo 108 constitucional se precisa de mejor manera a los servidores públicos que desempeñan un cargo o comisión para el Gobierno Federal y puedan ser sancionados como el resto de funcionarios.

Explicó que actualmente los servidores públicos están obligados a trabajar por el bienestar de todo gobernado, por lo que cualquier conducta en detrimento social debe ser sancionado. Ello para garantizar un ejercicio ético y transparente.

Se incluye, precisó, el Instituto Federal Electoral, pero se requiere que demás institutos con autonomía, como los de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, formen parte de este régimen.

Desde tribuna, el diputado Luis Antonio González Roldán (PVEM) destacó la importancia de la reforma constitucional porque incluye de manera más precisa a la totalidad de los servidores públicos que componen los poderes del Estado, para que en su momento puedan ser señalados por cualquier acción u omisión que realicen.

Dijo que los cambios al marco jurídico son necesarios para contribuir a la plena vigencia del Estado de Derecho al incluir a las personas físicas o que manejen recursos públicos susceptibles de obligaciones y sanciones.