Por la extensión marítima de México la actividad pesquera debe de ser de las más importantes
Fue avalado con 363 votos a favor, el dictamen de la Comisión de Pesca con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, cuyo objeto es regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de estos recursos, impulsar la actividad y garantizar la soberanía alimentaria del país.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Adrián Chávez Ruiz (PRD) destacó que el nuevo ordenamiento es clave para promover el desarrollo de esta actividad; reordenar y reorganizar la pesca y la acuacultura y convertirla en motor principal del desarrollo sustentable en las costas mexicanas.

Explicó que para lograr el aprovechamiento de estos recursos, su conservación, restauración y la protección de los ecosistemas se requiere la participación y compromiso de los productores y sus comunidades, para aprovecharlos integral y sustentablemente.

Dijo que la nueva ley incorpora nuevas figuras y mecanismos como la sustentabilidad pesquera y acuícola; el derecho al medio ambiente adecuado; la concurrencia y competencia entre federación, entidades federativas y municipios, y propicia la participación activa de los productores en la toma de decisiones por medio de los Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura.

Se reconocen los derechos indígenas; se consideran la pesca y la acuacultura como asuntos de seguridad nacional prioritarios para el desarrollo del país, dado que son actividades productivas de alto contenido social que representa en varias regiones la principal opción de desarrollo económico.

Por ello, continuó, los principios en que debe fundamentarse la política pesquera tienen que ver con su reconocimiento como actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial; como asuntos de seguridad nacional y prioritarios para la planeación nacional del desarrollo, que deben orientarse a la producción de alimentos para el consumo humano directo.

Entre otras cosas, señaló el legislador del PRD, se promueve el acceso a los mercados nacionales e internacionales, incorporando el tema de la sanidad, inocuidad y calidad; fortalece la investigación y su vinculación con el sector, a través de una red de instituciones de enseñanza en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y se crea el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola.

Además, se fortalece la figura de la Carta Nacional Pesquera como elemento fundamental para el ordenamiento pesquero; se crean como instrumentos de la política pesquera los Programas de Ordenamiento Pesquero y los Planes de Manejo Pesquero y define el procedimiento para otorgar permisos y concesiones y su régimen de transferencia.

PRI
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, el diputado Eugenio Mier y Concha Campos, reconoció que es necesaria una política de coordinación interinstitucional entre las diversas dependencias que se relacionan con la actividad porque es inadmisible que las responsabilidades las posea una dependencia y sean otras las que decidan.

Abundó que en la nueva ley se incorporan figuras jurídicas que modificarán estructuralmente la actividad, como el Fondo Mexicano de Fomento a la Pesca con el que el sector tendrá un instrumento financiero para enfrentar la competencia desleal e ilegal de productos extranjeros que no cuentan con los límites mínimos de cuidado a la salud.

Asimismo, se crea el Programa Integral de Combate a la Pesca Ilegal, en el que dependencias del Ejecutivo Federal, estados y municipios colaboran para detener este grave flagelo.

PAN
Más adelante, el diputado José Evaristo Corrales Macías, argumentó que con esta legislación se sientan bases jurídicas para ordenar, fomentar y regular el aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas y pesqueros del país, mediante el manejo integral de estas actividades y establece la concurrencia de la federación y las entidades federativas.

Explicó que el litoral de mil 500 kilómetros, tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 358 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental con que cuenta México, proporciona una vasta riqueza de recursos con amplias posibilidades de explotación.

Señaló que se reconoce el valor de la investigación científica y tecnológica como herramientas fundamentales en el conocimiento de los recursos acuáticos y otorga al Instituto Nacional de la Pesca y la Acuacultura la atribución de promover y coordinar el Sistema Nacional del Información y la Investigación en Pesca y Acuacultura.

PRD
En su oportunidad, el diputado Benjamín García Meza destacó que con esta ley se reconoce el desarrollo de la acuacultura como actividad productiva que permite la diversificación pesquera para ofrecer opciones de empleo en el medio rural, incrementar la producción y la oferta de alimentación que mejore la dieta de la población mexicana, así como la generación de divisas.

Con la aprobación de esta nueva ley, dijo, se da cuenta del crecimiento y capacidad política y administrativa de los gobiernos locales, y se promueve una participación más activa y responsable que denote regionalmente la pesca y acuacultura como actividades prioritarias.

Además, obliga a quienes explotan recursos pesqueros que lleven a cabo una evaluación del impacto ambiental; permitirá que el aprovechamiento de los recursos, su conservación, rehabilitación y protección ambiental sean compatibles con su capacidad natural de recuperación y disponibilidad.

Indicó que se garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de pescadores y acuicultores y de toda la población, logrando alimentos de calidad, lo cual constituye un paso hacia la soberanía alimentaría.

PT
En su oportunidad, el diputado Amadeo Espinoza Ramos argumentó que el dictamen tiene por objeto fortalecer la soberanía alimentaria y territorial de México, ya que garantiza que los mexicanos cuenten con alimentos suficientes, tarea prioritaria para el Estado.

Dijo que la ley contribuirá a regular la actividad y a establecer una explotación racional y oportuna de los productos pesqueros que preserve el ecosistema y permita la regeneración de especies y a garantizar la soberanía alimentaria.

Reconoció los beneficios de otorgar certificados de sanidad a la importación, exportación y tránsito de especies acuáticas, así como las instalaciones en que se realicen actividades acuícolas y de establecer las medidas sanitarias para prevenir, controlar, erradicar y combatir enfermedades y plagas de las especies acuáticas vivas para proteger la salud del consumidor.

Convergencia
Para fijar su posicionamiento a favor del dictamen, el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal, destacó que esta nueva ley obedece a una necesidad nacional cuya reglamentación estaba dispersa en varios ordenamientos.

Reconoció que la creación de un marco jurídico amplio, perfectamente procesado y consensuado dará curso al potencial de México hacia una actividad con rendimientos a gran escala.

No obstante, señaló que existe un rezago muy importante en esta actividad económica: la transportación marítima de cabotaje, incluso en los puertos mexicanos que también está vinculada con la pesca, pues “México ha perdido paulatinamente frente a empresas extranjeras, su propia flota marítima, su capacidad de transportación, tanto dentro de la República como trayectos internacionales” debido a la falta de una política, una visión de estado y de un sentido de desarrollo económico equilibrado, donde se tomen en cuenta estos recursos naturales.

Discusión en lo general

Más adelante, para hablar en pro del dictamen, el diputado Enrique Escalante Arceo (PRI), indicó que con esta ley se define el rumbo de la actividad pesquera y acuícola para aprovechar los 11 mil 122 kilómetros y los casi tres millones de zona económica exclusiva con que cuenta el país se reconvierte al sector pesquero para reconcebir el objetivo de las políticas públicas.

En su oportunidad, la diputada Yolanda Valladares Valle (PAN) sostuvo que la pesca debe ser la actividad económica más importante del país, pues el país cuenta con una extensión soberana de mares de cuatro millones 958 mil kilómetros cuadrados y sus recursos marinos representan 2.23 veces la superficie continental del territorio, sin embargo, la atención de los problemas del sector se confunden en las atribuciones que asumen diversas dependencias.

Asistencia social a mujeres víctimas de violencia
Posteriormente, el pleno aprobó por 358 votos el dictamen de las comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, pues el texto actual “invisibiliza” y evita el reconocimiento de la violencia de género, su magnitud y consecuencias.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Adriana González Furlong (PAN), señaló que la violencia contra las mujeres, incluida la intrafamiliar, debe encararse integralmente con acciones multisectoriales que comprometan a la legislación, a las instituciones gubernamentales y a la sociedad civil.

El dictamen propone reformar los artículos 4, fracción II, inciso b) y 12, fracción X, para incorporar a mujeres víctimas de violencia, incluso familiar, así como a aquellas que tengan hijos menores de edad y se encuentren, de manera temporal o permanente, en estado de vulnerabilidad por incapacidad física, psicológica o emocional o en desventaja económica para enfrentar la vida cotidiana, pues en alguna de estas circunstancias no pueden ejercer sus derechos ni desarrollar cabalmente sus potencialidades.

Se adiciona el artículo 5 para incluir el enfoque de género en los servicios de asistencia social públicos y privados, y se agrega el inciso e) a la fracción I del artículo 12 para que las mujeres víctimas de violencia sean beneficiarias de la prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social.

Además, se incorpora una fracción IV al artículo 14 para que la coordinación del Servicio Nacional de Información de Instituciones de Asistencia Social Pública y Privadas contenga datos desagregados por edad y sexo, así como aquellos que se requieran en materia de violencia intrafamiliar, con objeto de cuantificar y contrarrestar la magnitud del problema a partir de diagnósticos reales.

Aprobados en lo general y en lo particular, ambos dictámenes pasaron al Senado para sus efectos constitucionales.