De aprobarse una iniciativa presentada por la diputada Irma Figueroa Romero (PRD), que se analiza en la Comisión de Puntos Constitucionales, el Congreso de la Unión tendría la facultad de aprobar las tarifas eléctricas para uso doméstico para no afectar a los consumidores de menores recursos.

De acuerdo con la propuesta para adicionar un párrafo XXXI al Artículo 73 constitucional, el Legislativo ha sido sensible a los problemas que aquejan a sus representados, por lo que considera que la política tarifaria para el sector residencial en materia de suministro de energía podría ser revisada.

Para ello, señala, se deben considerar tres aspectos fundamentales que son: garantizar el servicio eléctrico a la población de escasos recursos; la eliminación de subsidios a sectores de mayor consumo y la promoción de tecnología de uso eficiente de la energía que permita mantener el nivel de servicio deseado, disminuyendo el consumo.

Destaca que por decisión del Ejecutivo federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un acuerdo que autorizó a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a modificar, ajustar y reestructurar las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, además de reducir el subsidio a las tarifas domésticas.

En la exposición de motivos, refiere la diputada Irma Figueroa Romero, se pretendía que quienes consumieran mayor energía deberían pagar más y para ello se establecieron los lineamientos encaminados a incrementar las tarifas residenciales y la reducción del subsidio.

Lamentablemente, agregó, la intención de cobrar más a los que más tienen no resultó y los consumidores que se están viendo afectados son los de menores recursos.

Indicó que en la iniciativa se manifiesta una nueva estrategia energética a largo plazo, donde predominen los objetivos nacionales, tales como preservar los recursos naturales no renovables y su uso racional y sustentable.

Sugiere también que el Estado y los agentes nacionales impulsen las fuentes de energía alternas que propicien el desarrollo de la industria, la tecnología y el empleo nacionales, además de garantizar la preservación del carácter público del servicio eléctrico con calidad y precios internacionalmente competitivos.

Recordó que en la Comisión de Energía existe otra iniciativa encaminada a adicionar un párrafo al artículo 30 de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica.

En ésta se establece que el Gobierno Federal cobra altas tarifas a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y discapacitados, que tienen un ingreso per cápita de tercer mundo, por lo que se propuso que la Secretaría de Hacienda otorgara un descuento de hasta el 50 por ciento a los usuarios que acrediten tener más de 65 años, ser madre soltera, tener alguna discapacidad o que vivan en unidades habitacionales de interés social.

De igual forma, dijo, fueron presentados varios puntos de acuerdo exhortando al Ejecutivo federal a derogar el acuerdo del 7 de febrero de 2002 y solicitar a la SHCP que aplique la tarifa 1F para el suministro y venta de energía eléctrica en las regiones cálidas.

Aseguró que los estratos de la población con menores recursos se han manifestado a lo largo y ancho de todo el país para solicitar que se cobre el consumo de la energía eléctrica de manera justa, pues el incremento va más allá del 100 por ciento.

“Los habitantes han denunciado los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, la prepotencia y extorsión de que son objeto por parte de los empleados de la misma, por lo que los legisladores debemos tener mayor sensibilidad para que el cobro sea justo”, subrayó.

Con base en lo anterior, concluyó la legisladora, y en el ánimo respetuoso de contribuir a mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, es que fue presentada la iniciativa que, de ser aprobada, otorgaría facultades al Congreso de la Unión para aprobar las tarifas de uso doméstico.