Para clarificar y particularizar el delito de tráfico de influencia, evitando en todo momento que funcionarios públicos involucrados queden impunes, el diputado Mario Alberto Salazar Madera (PAN) propuso reformar el artículo 221 del Código Penal Federal.

Esto, a efecto de que se les imponga pena de dos a seis años de prisión y de cien a 500 días multa, o la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, hasta por seis años, al servidor público que por sí o por un intermediario promueva o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenas a su empleo.

Salazar Madera dijo que el tráfico de influencia sigue siendo el delito con elevado grado de impunidad, por lo cual señala que la misma pena se aplicará a la persona que gestione o promueva la conducta ilícita del servidor público.

Precisó que las causas que motivan la alta impunidad se debe a dos factores: inadecuada tipificación del delito y corrupción existente entre las autoridades, fundamentalmente las encargadas de investigar y de procurar justicia.

El diputado del PAN indicó que el delito está inadecuadamente tipificado porque deja fuera conductas que deben ser sancionadas; impone excesivas cargas probatorias para el acreditamiento del delito.

Mencionó que la totalidad de los procedimientos iniciados por dicho ilícito terminan en resoluciones que liberan de responsabilidad al inculpado.

“Es común observar casos de alta exposición mediática, en los cuales diversos personajes se aprovechan indebidamente de su poder económico o sus relaciones políticas para obtener beneficios ilegítimos”.

Mario Alberto Salazar subrayó que los casos que inicialmente son tan publicitados por los medios de comunicación, al final del proceso terminan en resoluciones absolutorias, a las cuales “muy poca o ninguna difusión se les otorga”.

Expresó que “la gente percibe que las autoridades están capturadas por los intereses políticos o por los poderosos capitales privados”.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, reformaría el artículo 221 del Código Penal Federal, a fin de no dejar impunes conductas injustas de funcionarios que aún no están debidamente tipificadas en la ley.

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