La Comisión de la Función Pública que preside Benjamín González Roaro (PAN) aprobó el dictamen que reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a fin de tipificar las licitaciones públicas y dividirlas en nacionales, nacionales de conformidad con los tratados e internacionales.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, señala que las licitaciones públicas serán nacionales, cuando a personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir o arrendar sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que será determinado tomando en cuenta:

Los costos de producción del bien, deduciendo los costos de promoción de ventas, comercialización, regalías, embarque y gastos financieros.

Con lo que respecta a las licitaciones nacionales de conformidad con los tratados, serían aquellas en las que sólo participen personas mexicanas o extranjeras originarias de países con las que nuestro país tuviera celebrado un tratado comercial.

De igual manera con las que fueran obligatorias conforme a un tratado y el valor del contrato rebase los umbrales fijados en éste, o bien, se hubiere agotado la reserva señalada en el mismo.

También, con las que se hubiera convocado a una nacional y no se hubiera presentado ninguna propuesta que cumpliera con los requisitos.

Este tipo de licitación indica el documento, tendría que ser convocada cuando existiera, al menos, un fabricante de bienes que cuenten con el 50 por ciento de contenido nacional o haya un prestador del servicio nacional.

Para verificar el grado de contenido nacional, la Secretaría de Economía emitiría los lineamientos y autorizaría a organismos de certificación públicos o privados a realizar tal actividad, siempre que fuera solicitado por un particular o por el órgano de control interno.

Serán internacionales, marca el documento, cuando la cobertura de tratados,resulte obligatoria conforme a lo establecido, y en cuyo caso, solo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga un tratado de libre comercio, el cual contenga disposiciones en materia de compras del sector público que lo permitan o se refiera a bienes y servicios, de origen nacional o de dichos países.

Por otro lado el documento señala que la Secretaría de Economía, debe publicar en el Diario Oficial de la Federación, los casos en que los participantes deben manifestar ante la convocante que los precios que presenten en su propuesta económica no se coticen en condiciones de práctica desleal al comercio internacional.

La Secretaría de Economíaemitirá lineamientos y autorizaráa organismos de certificación, a fin de que estosrealicen las visitas para verificar que los bienes cumplan con los requisitos señalados.

Finalmente, para determinar la conveniencia de precio de los bienes o servicios, se considerará un margen hasta del diez por ciento a favor del precio más bajo en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto a los de procedencia extranjera que resulten de la investigación.

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