Hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita el fallo sobre la controversia constitucional que la Cámara de Diputados interpuso ante el Ejecutivo por la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la secretaría de Gobernación no entregará permisos de apertura para centros de apuestas, propuso el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD).

De acuerdo con la exposición de motivos, Apuestas Internacionales S.A. obtuvo el 18 de mayo de 2005, en forma exprés, 130 permisos por 25 años para instalar 65 casas de juego en 25 entidades, por parte del entonces secretario de Gobernación.

Martínez Vargas, integrante de la Comisión Permanente, asegura que el reglamento viola el artículo 89 constitucional, fracción I, que establece la facultad reglamentaria del Presidente de la República, pues dispone atribuciones más allá de la ley que pretende normar y la contradice, pues intenta establecer los juegos con apuestas, expresamente prohibidos en la Carta Magna.

El 28 de octubre de 2004, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se solicitó se declare la invalidez constitucional del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La Organización Mundial de la Salud considera a la ludopatía o a las apuestas compulsivas como "un trastorno mental de los impulsos"; el juego compulsivo es una enfermedad progresiva que puede dañar la situación económica, la carrera, las relaciones y la vida misma de la persona, resumió el diputado.

No obstante los antecedentes, el 17 de septiembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto emitido por el entonces Presidente de la República, por el que se expidió el reglamento citado, que permite los juegos con apuesta, los permisos para hipódromos, galgódromos y frontones, carreras de caballos y peleas de gallos, así como la operación de centros de apuestas remotas.

El legislador aduce que también se violó el artículo 49 constitucional, que consagra el principio de división de poderes, pues el Ejecutivo, al intentar reformar una ley mediante un reglamento, invadió la esfera de competencia que corresponde al Poder Legislativo, único facultado para legislar.

La proposición del diputado fue turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y dictaminación.

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