En el próximo periodo ordinario de sesiones, la Comisión de Puntos Constitucionales podría dictaminar la iniciativa que modifica el artículo 18 de la Carta Magna con el fin de unificar criterios en todas las entidades del país para que el trabajo, la capacitación y la educación sean obligatorios en los centros penitenciarios.

La iniciativa, presentada por la diputación del Partido Acción Nacional, señala que es fundamental clarificar a nivel constitucional el alcance del llamado trabajo penitenciario como medio de rehabilitación de individuos que compurgan una pena.

Al respecto, el diputado Edgar Armando Olvera Higuera refirió que la propuesta establece la obligatoriedad del trabajo penitenciario, toda vez que se ha observado que en la mayoría de los centros de readaptación social éste no se da y, cuando se realiza, no tiene fines educativos ni de rehabilitación, lo que redunda en detrimento directo del interno.

Añadió que al no poder contar con los medios adecuados para alcanzar la llamada readaptación social, de acuerdo con el artículo 18 constitucional, el recluso no puede hacerse acreedor a los beneficios de libertad anticipada por trabajo efectivo en los centros de reclusión.

El legislador panista indicó que otro hecho que justifica la imposición de esta medida es que actualmente los internos de los centros de readaptación social no están sometidos a eficaces procesos de readaptación y ha resultado optativo para ellos el acceso a los principales mecanismos que posibilitan dicha readaptación.

A su vez, la diputada María del Pilar Ortega Martínez indicó que una de las preocupaciones de la sociedad ha sido, sin duda, las grandes fracturas que se han presentado en el sistema de seguridad pública.

En este sentido, dijo, la problemática penitenciaria resulta ser quizá una de los más graves y profundas a los ojos de la sociedad. “Corrupción, privilegios, cobros indebidos, autogobierno, tráfico y consumo de narcóticos y de armas, falta de separación y clasificación de los reclusos fomentan la inseguridad pública, pues los reos no readaptados generalmente vuelven a delinquir”.

Otros problemas que enumeró la legisladora panista fueron: las malas condiciones de las instalaciones, insalubridad, sobrepoblación y hacinamiento, abusos por parte del personal, carencia de alimentación, irregularidades de falta o insuficiencia de actividades laborales y educativas, y de personal técnico para satisfacer las necesidades de la población interna en los centros de reclusión.

“La realidad es que los centros penitenciarios no han cumplido con las expectativas trazadas sobre la base de la readaptación social; por el contrario, el sistema carcelario enfrenta una crisis de funcionalidad resocializadora, así como de credibilidad social, motivo por el cual resulta necesario el mejoramiento del mismo”, subrayó.

La iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN señala que la situación del trabajo penitenciario ha constituido un problema conceptual desde el momento en que se da la pérdida de la libertad del sentenciado.

Añade que esto se deriva de la falta de precisión constitucional, porque para algunos estados la redacción actual del artículo 18 constitucional no se presta para establecer el trabajo penitenciario como obligatorio, en tanto que para otros esta situación sí es factible.

“Hay entidades federativas que no establecen como obligatorio el trabajo penitenciario, en tanto que otras sí lo prevén como medio idóneo para modificar las tendencias, inclinaciones y predisposiciones antisociales de los internos”.

En ese sentido, concluye, resulta fundamental clarificar en la Constitución el alcance del llamado trabajo penitenciario como medio de rehabilitación que facilite la adquisición de conocimientos que puedan serle útiles al interno para lograr su total reincorporación a la sociedad.

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