Diputados del PRI proponen una iniciativa de reforma constitucional y de la Ley de Planeación para que la Cámara de Baja tenga la facultad de modificar, discutir, aprobaro en su caso modificar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el cual es presentado por el Ejecutivo Federal.

La iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, reforma el artículo primero, cuarto y quinto de la Ley de Planeación y establece bases para la aprobación del PND en la Cámara de Diputados.

Con la modificación a la fracción IV al artículo 1º se faculta al Poder Legislativo para que verifique si el PND responde a las necesidades del pueblo o si las incluye todas.

Por lo que se refiere al artículo 4º, éste marca que es responsabilidad del Ejecutivo conducir la planeación nacional de desarrollo con la participación de la Cámara de Diputados.

Los diputados del PRI José Murat y José Rosas Aispuro Torres proponen en la iniciativaque el Ejecutivo Federal al tomar posesión como Presidente de la República, deberá remitir el proyecto del PND a la Cámara de Diputados dentro de los primeros nueve meses de su administración, para su modificación, y tendrá que aprobarse antes del 15 de diciembre del mismo año.

En la exposición de motivos, el documento establece que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser la base de los programas gubernamentales. Concretamente, el presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de cada año debe basarse en el PND.

En el mismo texto, se dispone la necesidad que en el plan se establezcan las legítimas demandas y aspiraciones de la sociedad, “las que deberán ser incorporadas a este ejercicio democrático que amerita la participación de los diversos grupos sociales”.

De igual forma indica, que sólo con el examen del Congreso de la Unión se puede conseguir las perspectivas y propósitos del PND como rector de las tareas y acciones del gobierno; solamente así se lograrán traducir los programas sectoriales e institucionales que de conformidad con lo señalado por La Ley de Planeación, corresponde elaborar a las entidades de la administración pública federal.

Por lo anterior, en el documento se establece, que es necesario que la Constitución General de la República se reforme, a fin de que el PND responda efectivamente a las demandas sociales.

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