La Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos informó que no se permitirá que exista impunidad en el accidente que provocó la muerte de 65 mineros.

El presidente del órgano legislativo, Jericó Abramo Masso (PRI), señaló que no se puede tolerar la operación de minas en condiciones de inseguridad bajo el argumento de que son fuentes generadoras de empleo.

Declaró que existe un compromiso con los familiares de los mineros por entregarles información sobre las causas y los responsables del incidente.

“Todos los integrantes de la comisión estaremos al pendiente para que se llegue a las últimas consecuencias y que se haga la investigación con la transparencia y seriedad que amerita este caso”, agregó.

Al comparecer ante la comisión, el Procurador General de Justicia del estado de Coahuila, Jesús Torres Charles, dio a conocer las hipótesis y líneas de investigación sobre el caso.

Torres Charles informó que a principios de febrero se podría proceder con la consignación de aproximadamente 10 personas, entre inspectores de la Secretaría del Trabajo y empleados de la empresa minera, quienes incurrieron en diversas anomalías y omisiones que ocasionaron el accidente.

De acuerdo a levantamientos topográficos y a inspecciones criminalísticas, la primera línea de investigación apunta hacia una deficiencia en la ventilación en la mina, que provocó la acumulación de gases y a su vez la explosión: existía un déficit de cuatro metros cúbicos de aire por minuto en los volúmenes de aire que debían introducirse al yacimiento carbonífero.

“La Norma Oficial Mexicana establece que en este tipo de minas se debe de introducir un volumen equivalente a 1.5 metros cúbicos de aire por cada trabajador, por minuto, (…) nosotros detectamos una deficiencia de cuatro metros cúbicos de aire por minuto”, abundó.

“La mina no estaba correcta ni suficientemente controlada”, agregó el funcionario al explicar los riesgos que se corrían al tener deficiencias en la extracción del aire viciado.

Otra hipótesis señala irregularidades en el sistema de polveo de la mina: en la explotación del carbón, al fracturar las rocas, se produce un polvillo de carbón altamente inflamable que se deposita en las paredes de la mina, situación que provoca una expansión de las explosiones y “una combinación letal y altamente peligrosa”.

Para contrarrestar esta situación, continuó el procurador, existe una sustancia llamada “polvo inerte” que debe aplicarse a todos los túneles por los que avancen los mineros; de acuerdo al dictamen en la materia, se determinó que la sustancia no fue adquirida en cantidades suficientes para polvear todo el avance de la mina, propiedad del Grupo México.

“El material que adquirió la mina, y que se pudo haber utilizado durante el tiempo anterior a la explosión, era suficiente para cubrir el 47 por ciento del avance registrado en los últimos 6 meses anteriores a la tragedia; el otro 53 por ciento no tenía polveo”, informó el titular de la procuraduría coahuilense.

Adelantó que se ha confirmado que al interior de la mina faltaban algunos sistemas de seguridad que exige la NOM 23, específicamente deficiencias en la existencia de metanómetros, aparatos que detectan la concentración de gas.

La cuarta línea de investigación se refiere a la negligencia por parte de los responsables de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, puesto que no se emplazó a corregir deficiencias en el manejo de la mina.

“Se practica una inspección en el mes junio de 2004, en el que se señalan 48 irregularidades, algunas de ellas bastante graves y no es hasta noviembre de 2005 que se notifica a la empresa para que corrigiera las deficiencias”, agregó en este sentido.

Notificó que se han determinado tres factores que causaron la muerte de los mineros: por la explosión, por intoxicación de gases acumulados o por asfixia causada por los derrumbes.

En el caso del cuerpo encontrado el 30 diciembre pasado, el funcionario señaló que la asfixia fue la causa de muerte; adelantó también que a la fecha se han recabado 135 declaraciones testimoniales de familiares, mineros y personal administrativo de la empresa.

Al término de la comparecencia, el diputado Abramo Masso invitó a la comparecencia que se tendrá con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, el próximo martes.

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