Ante la falta de una legislación clara que permita la revisión de las cuentas públicas y el pleno ejercicio de la rendición de cuentas, el diputado Moisés Alcalde Virgen (PAN) se pronunció por una reforma integral que establezca los límites y alcances del proceso de revisión del ejercicio del gasto.

Precisó que para una verdadera fiscalización de los recursos públicos, se requiere de la voluntad de los gobernantes para ser auditados y no dejarla a su arbitrio.

El marco legal, dijo, debe ser tan amplio que permita la revisión de actos de corrupción por parte de servidores públicos, en los que hasta hoy no ha habido castigo. “Ahí la ley como tal debe hasta exceder el tema de la transparencia”.

Por ello, aseguró, se deben otorgar mayores recursos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para ampliar sus facultades de revisión en los estados, donde, a pesar de que el recurso federalizado representa más del 80 por ciento, las contadurías no actúan con libertad en la revisión de la cuenta pública por el vínculo político con el gobernante.

Precisó que la labor del Auditor debe estar normada con límites de orden político, en especial, las opiniones que emita sobre determinados temas, ya que al hacer un comentario político, el Ejecutivo y demás actores podrían descalificar el trabajo que realiza la propia Auditoría.

Alcalde Virgen precisó que la reforma debe incluir a la Cámara de Diputados, ya que se desconocen sus estados financieros y la manera de ejercer el presupuesto.

Explicó que el vacío legal para establecer el procedimiento técnico para emitir un dictamen sobre la cuenta pública, ha generado una serie de errores como el hecho de que la revisión se haya convertido en un acto de calificación política del Gobierno Federal, la cual ya se realiza cada año con el análisis del Informe Presidencial.

Precisó que el debate es si la cuenta pública se debe o no aprobar, pero ese es un término equivocado porque desaprobarla puede suponer la descalificación de un gobierno.

Otro error, dijo, es que en algunos casos las observaciones de la ASF son de tal índole que generan controversias políticas que, de ganarlas el Gobierno Federal, pone en duda la credibilidad de la Auditoría.

Por ello, aclaró, los cambios legislativos pretenden definir las clasificaciones, calidad y alcances del dictamen, el reporte, las observaciones y recomendación del Órgano Superior de Fiscalización, es decir, una revisión técnica de programas y uso de recursos.

Se trata, reiteró, de detallar el proceso legislativo que debe seguir la Comisión y el Congreso para emitir el dictamen, porque actualmente la ley es ambigua en este caso y sólo ha generado que los diputados no se pongan de acuerdo para revisar las cuentas públicas pendientes.

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