En reunión de trabajo de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente se avalaron dos puntos de acuerdo; el primero exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se apliquen los recursos otorgados en el PEF 2007, con el objetivo de que con la instrumentación de dicha medida se disminuya el precio actual de la leche que distribuye Liconsa, para establecerla en 4 pesos.

El segundo solicita a los secretarios de Hacienda y Crédito Público Agustín Carstens Carstens, de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, y el Procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, investiguen el flujo de información generado por la operación de la empresa ISOSA en las Aduanas de México e informen de los resultados al Congreso de la Unión.

Respeto a la aplicación de un subsidio de 50 centavos al litro de leche que distribuye Liconsa, el senador Gustavo E. Madero Muñoz (PAN) aseveró que el tema se aprobó y se discutió en la Comisión de Presupuesto, “parece que fue en el Pleno o en el momento de la impresión del Decreto donde no están incluidos”.

En la Cámara de Senadores, dijo, hicimos un punto de acuerdo coincidente con dicha propuesta, en la que votamos todos los partidos y así lo suscribimos.

Por su parte, el diputado Alberto Amador Leal (PRI) señaló que se logró un consenso que servirá para el apoyo de las clases más bajas;“propósito fundamental de la Ley de Desarrollo Social.

“Sino logramos la concurrencia de los tres órganos de gobierno la política social va a seguir presentando sesgos y no se cumplirá lo que establece la Constitución en términos de igualdad de oportunidades para la ciudadanía”, expresó.

Referente al supuesto tráfico de influencias de la empresa ISOSA se argumenta que los datos procesados electrónicamente en las aduanas son un punto sensible de la seguridad nacional, por lo que deben ser resguardados por el gobierno federal y, específicamente, por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El exhorto considera que los datos relacionados con los despachos aduaneros actualmente se encuentran en poder de empresas privadas cuya operación, presumiblemente, ha derivado en quebrantos al erario público y propiciado tráfico de influencias.

Por ello, es necesario que los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, indaguen dichas irregularidades y, al mismo tiempo, el Procurador General de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, asigne personal especializado en delitos cometidos por servidores públicos, para que investiguen posibles desfalcos cometidos por ISOSA en contra del fisco federal.

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