Para obligar a que contribuyan al gasto público federal, las personas físicas o morales que realicen erogaciones en dinero o en especie para la publicidad, promoción o patrocinio de los productos del tabaco, el diputado Antonio Muñoz Serrano (PAN) presentó una iniciativa de ley.

Se trata de la expedición de la Ley que Establece la Contribución Especial para la Prevención del Tabaquismo y de adiciones la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

“Los sujetos de esta contribución serán todas las personas que realicen un gasto encaminado a promover o publicitar el consumo de tabaco o de productos de tabaco. La base gravable será todo monto erogado a fin de promover o publicitar el tabaco, su consumo o sus productos” explicó el diputado.

La tasa propuesta es del 100%, pues sólo una contribución de “peso por peso” al gasto público, garantiza que el Estado sea capaz de informar con la misma intensidad y por los mismos medios por los que las empresas tabacaleras desinforman a la población en riesgo, aduce el jalisciense.

La iniciativa fue turnada para su estudio a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con la opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se aplicará presupuesto del Ejecutivo si los diputados no lo modifican antes del comienzo del nuevo año

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se remitió una iniciativa de la senadora Minerva Hernández Ramos (PRD), que modifica la Constitución para que si al inicio del año no estuviere aprobado el Presupuesto de Egresos, se aplique el proyecto presentado por el Ejecutivo.

“El cual deberá guardar congruencia con la política económica, no presentar asignaciones financieras con crecimientos desproporcionados y deberá distinguir con toda claridad el gasto comprometido, fijo o irreductible, de las erogaciones no comprometidas y por tanto susceptibles de reasignación”, acota la reforma.

Sanción a autoridades que no cumplan recomendaciones de CNDH

A fin de incluir en la legislación vigente mecanismos que sancionen a las autoridades que rechacen o incumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el senador Mario López Valdez (PRI) presentó una iniciativa que reforma la Carta Magna y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En caso de que las autoridades rechacen o evadan el cumplimiento de las recomendaciones que les sean dirigidas, se verán obligadas a comparecer ante las cámaras del Congreso de la Unión, a fin de que expliquen y fundamenten las razones de su conducta omisa. La propuesta del priista fue remitida a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara alta.

Garantizar el derecho a la información en legislación ambiental

El senador Jorge Legorreta Ordorica (PVEM) presentó modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con el objeto de adecuar en la legislación ambiental la participación social y el derecho a la información.

El proyecto elimina el requisito de que se debe ser habitante de la comunidad para tener derecho a solicitar una consulta pública en materia ambiental y busca evitar reservas de información por parte de las autoridades; fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca del Senado de la República.

Modificar las funciones ratificadoras del Senado

A las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación de la Cámara de Senadores, se turnó una iniciativa de reforma constitucional del senador Gabino Cué Monteagudo (Convergencia), que modifica las atribuciones de la Cámara Alta para ratificar a los empleados superiores de la Secretaría de Hacienda.

El objetivo es determinar en la Carta Magna y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes son estos servidores públicos, ya que ninguna disposición legal lo establece; Asimismo fija un periodo que no exceda de diez días naturales, para que el Senado ratifique la propuesta hecha por el Presidente de la República de dicho nombramientos.

A la Comisión de Seguridad Social se turnaron dos iniciativas de reforma a la Ley del Seguro Social, ambas presentadas por el grupo parlamentario del PRI en la Cámara baja.

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