A fin de incluir en la legislación vigente mecanismos que sancionen a las autoridades que rechacen o incumplan las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el senador Mario López Valdez (PRI) presentó una iniciativa que reforma la Carta Magna y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En caso de que las autoridades rechacen o evadan el cumplimiento de las recomendaciones se verán obligadas a comparecer ante las cámaras del Congreso de la Unión, para que expliquen y fundamenten las razones de su conducta omisa.

Para ese propósito, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, en reunión con la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, solicitó el apoyo del Congreso debido a la negativa de cumplir con las recomendaciones emitidas por la CNDH, en este y otros casos.

Soberanes Fernández se refirió específicamente a las giradas a la Secretaría del Trabajo, respecto de la tragedia en Coahuila; a la Policía Federal Preventiva y el gobierno de Michoacán, en torno a los hechos de violencia sucedidos en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas; y al gobierno del Estado de México y la PFP, por el desalojo en el municipio de San Salvador Atenco.

“Aún cuando la emisión de una recomendación por parte de la CNDH se traduce en una fuerte llamada de atención a la autoridad señalada como responsable, ésta no es suficiente en muchos casos para obtener la reparación del daño causado a los gobernados, debido a la propia naturaleza de las recomendaciones, ya que las mismas carecen de fuerza vinculatoria”, explica la exposición de motivos del senador López.

Aduce que, a diferencia de un fallo judicial, el acatamiento de las recomendaciones resulta discrecional, provocando que su fuerza radique solamente en la solvencia y credibilidad del organismo, así como en su repercusión ante la opinión pública nacional e internacional.

“Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005, el ombudsman nacional emitió cincuenta y un recomendaciones, seis de las cuales no fueron aceptadas y dos aceptadas, pero sin que las autoridades a las cuales fueron dirigidas ofrecieran pruebas de cumplimiento”, abundó sobre la problemática.

En su "Balance del 2000 al 2006 en materia de Derechos Humanos en México", la propia comisión señala que el sexenio pasado se puede caracterizar, en materia de observancia y cumplimiento de los derechos humanos, como “insuficiente" y que deja una herencia importante de aspectos pendientes al nuevo gobierno.

López Valdéz consideró que la aprobación de la iniciativa “incidirá en la conducta de los servidores públicos, contribuirá al apuntalamiento de nuestras instituciones y brindará a los gobernados mayores espacios para el ejercicio de sus libertades”.

La propuesta del priista fue remitida a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos de la Cámara alta.

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