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Boletín N°. 0614 Analizarán presupuesto de seguridad pública para estados (favor de utilizar de domingo para lunes)

La diputación del PRI solicitó a la Comisión Permanente que convoque al titular de la SSPF a una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública a fin de determinar el monto de recursos presupuestales que para esta materia serán destinados a las entidades federativas correspondientes a los Ramos 33 y 39.

A través de un punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública para su discusión y análisis, el diputado Alberto Amador Leal pidió que los recursos de dichos ramos, asignados a la seguridad pública, se transfieran por conducto de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

El legislador priista recordó que el pasado 31 de octubre presentó una iniciativa de reforma y adición al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de aumentar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y establecer un mínimo de uno por ciento de la recaudación federal participable y transferir la mitad de este Fondo a los Municipios.

Sobre todo, dijo, porque la inversión total destinada a la seguridad publica, a precios corrientes, pasó de 14 mil 141 millones en el año 2000 a 17 mil 368 en el 2006, es decir, sólo hubo un incremento de 22.8 por ciento.

“Sin embargo, los recursos federales destinados a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública disminuyó al pasar de 5 mil 213 millones a 5 mil millones, en tanto que los recursos destinados a las dependencia federales pasaron de 7 mil 80 a 10 mil 746 millones de pesos; lo que significa un aumento de 51.7 por ciento”, indicó.

Al referirse a los índices delictivos del fuero federal, dijo que estos pasaron de 81 mil 781 en el 2000 a 89 mil 530 en el 2005. En tanto que los del fuero común pasaron de un millón 338 mil 473 a un millón 406 mil 848.

Además, añadió, los delitos del orden común, que son los que corresponden al ámbito de responsabilidad de las autoridades locales, constituyeron el 94.2 por ciento de los posibles delitos totales en el 2000 y 94.0 por ciento en el 2005.

El diputado Amador Leal afirmó que el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia generalizada y el narcomenudeo, han generado un clima de inestabilidad e incertidumbre insostenible.

Por otro lado, dijo, la población penitenciaria nacional pasó de 154 mil 765 en el 2000 a 212 mil 774 internos en el 2006, es decir, hubo un incremento de 37.7 por ciento. De estos últimos, el 79.5 por ciento son del fuero común y 24.1 del fuero federal.

“Existe, en consecuencia, una sobrepoblación de 53 mil 847 espacios, el 34 por ciento de la población penitenciaria total. Los estados y los municipios que tienen a su cargo Centros de Readaptación resienten, entonces, un déficit significativo que debe ser subsanado, aún de manera gradual”, subrayó.

Concluyó que son muchos los factores, de carácter social, económico, de impartición de justicia y de financiamiento los que inciden en “esta lamentable realidad”.

Finalmente, indicó que el presupuesto destinado a la seguridad que propuso el Ejecutivo federal presentaba un crecimiento real del 15 por ciento, en tanto que el destinado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y el Distrito Federal se reducía de 5 mil 200 millones a 3 mil 500 millones, 32 por ciento menos en términos reales respecto al 2006.

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