Al presentar ante el Congreso de la Unión su informe de actividades 2006, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, hizo un reconocimiento al Poder Legislativo por las reformas aprobadas que permitieron a la CNDH ser una institución más fuerte, libre y autónoma y tener la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes y tratados.

Ante los integrantes de la Comisión Permanente, el Ombudsman aseguró que gracias a diputados y senadores, la institución cuenta con un patrimonio propio y mejores herramientas para hacer frente a posibles actos arbitrarios del poder, así como la facultad de aplicar sanciones penales a los servidores que brinden información falsa e iniciar procedimientos administrativos contra trabajadores gubernamentales.

En su informe, el doctor Soberanes Fernández, aseguró que en el 2006 el país enfrentó una polarización política, niveles inéditos de violencia criminal y desbordamiento de la delincuencia organizada, que originó la muerte de mil 700 personas, producto de ejecuciones por venganza entre bandas.

Dijo que esa situación y la ausencia de la autoridad en la preservación de la seguridad en algunas partes del país, demostró la espiral de violencia ocasionada por la impunidad del crimen organizado.

Por otro lado, el Ombudsman nacional aseguró que la CNDH atendió los hechos ocurridos en Pasta de Conchos, Coahuila; en Lázaro Cárdenas, Michoacán; en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, y en Oaxaca.

En estos casos, afirmó, “se evidenciaron serias fallas en el funcionamiento del Gobierno Federal” y el abuso de la autoridad policíaca en Lázaro Cárdenas y en Atenco.

Soberanes Fernández aclaró que el rechazo por parte de la SSP a las recomendaciones canceló la posibilidad de investigar las conductas de algunos de sus elementos y abrió un espacio de opacidad propicio para la impunidad y el encubrimiento.

Aseguró que los defensores públicos de los derechos humanos enfrentaron presiones, en especial, de funcionarios de segundo y tercer nivel de la PGR que incumplieron recomendaciones, incluso de manera insólita, interpusieron acusaciones penales y demandas judiciales por actos directamente relacionados con la labor de la institución, lo cual creó una situación precaria de persecución de Estado en su contra.

Dijo que “no somos el enemigo a vencer, ni es nuestro ánimo señalar culpables ni dañar políticamente a ningún individuo, sino ser aliados de la comunidad política y crear sensibilidad gubernamental para comprender nuestro trabajo”.

El titular de la CNDH aseguró que el 2006 fue un año negro para la prensa en México, porque a pesar de la creación de la fiscalía para investigar delitos cometidos en su contra, las denuncias no han sido resueltas de manera satisfactoria ni esclarecidos los hechos motivo de las quejas.

Por ello, enfatizó, es indispensable investigar las agresiones en contra de comunicadores y garantizar la protección legal que les permita realizar su labor social sin amenaza alguna.

Al respecto, precisó que la institución a su cargo pugnó por aprobar reformas legales para que los comunicadores no puedan ser acusados penalmente por presuntos delitos de calumnia y difamación al ejercer el derecho a la libertad de expresión.

El defensor de los derechos humanos informó que en el 2006, se atendieron 6 mil 895 quejas y se emitieron 46 recomendaciones, de las cuales 8 corresponden a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 7 al Instituto Nacional de Migración (INM) y 4 a la Procuraduría General de la República (PGR). No obstante, aseguró que algunas fueron rechazadas por los secretarios de Marina y Seguridad Pública, así como el gobernador de Querétaro.

“Es deplorable el hecho de que una autoridad esté renuente a una recomendación, no sólo por el mensaje de desprecio a los derechos fundamentales, sino también por el fomento al clima de impunidad entre los servidores públicos al darles una especie de patente de corso frente a violaciones a la ley, augurándoles actos de igual naturaleza sin investigación ni castigo”, puntualizó.

Además, agregó, la CNDH concretó 2 mil 441 procesos de conciliación, suscribió 155 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil, se emitieron 3 recomendaciones relativas al uso de la fuerza y armas de fuego, se otorgaron beneficios de libertad anticipada a reclusos, se realizaron verificaciones migratorias ilegales y difundieron más de un millón de libros y publicaciones.

Al recibir dicho informe, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Jorge Zermeño Infante hizo votos porque la cultura de respeto a los derechos humanos forme parte de nuestro modo de ser como sociedad, que respeta la ley y el Estado de Derecho y reconoce la importancia de este órgano autónomo al servicio de la dignidad de las personas.

Finalmente, turnó a las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras, dicho informe.

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