El Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, remitió hoy a la Comisión Permanente una inactiva que reforma los artículos 73° y 127° constitucionales, a fin de ajustar las remuneraciones de todos los servidores públicos del país.

La iniciativa presidencial propone que ningún salario sea superior al monto máximo autorizado en el Presupuesto federal para la remuneración del Presidente de la República.

Este proyecto abarca los ámbitos federal, estatal y municipal, “a fin de crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes”.

En el cuerpo de la iniciativa, Calderón Hinojosa señala que la función pública debe orientarse por “un principio de vocación de servicio a la Nación y, por ello, las remuneraciones deben mantenerse ajenas a todo exceso”.

Respecto al artículo 73, pretende modificar la fracción XI, a fin de facultar al Congreso de la Unión para establecer, por medio de una ley, las bases generales a las que debe ajustarse toda percepción pública a nivel nacional.

“La Ley (…) vinculará por igual a todos los órganos públicos, entendiéndose por éstos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales; los órganos constitucionales autónomos; los tres poderes de los estados y equivalentes en el Distrito Federal, incluidos sus órganos autónomos de carácter local; los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en general, cualquier órgano que realice funciones de Estado.”, se especifica sobre los alcances de la reforma.

Esta atribución otorgada al Poder Legislativo tiene como objetivo establecer bases uniformes para la fijación de remuneraciones, sin violentar la autonomía de las entidades federativas y municipios.

Por otra parte, se propone también modificar de manera substancial el artículo 127 de la propia Constitución.

“No hay que olvidar que uno de los asuntos que mayormente indigna a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que se asignan a ciertos servidores públicos en algunos ámbitos de gobierno”, señala la exposición de motivos.

La iniciativa recoge el actual principio de que los servidores públicos percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función; pero, por otro lado, establece que los límites mínimos y máximos de tales remuneraciones se deberán precisar, año con año, en los respectivos presupuestos de egresos.

Adicionalmente se elevan a rango constitucional los principios de equidad, igualdad, desempeño, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.

Asimismo contempla la creación de comités de expertos que participen en la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos y los tabuladores que deben regularlos.

De aprobarse, el nuevo marco legislativo comenzaría a tener vigencia al principio del ejercicio fiscal 2008; la propuesta fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

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