A fin de quelainformación gubernamental se sujetea criterios de interés general y a la ética, la diputada Lorena Martínez Rodríguez (PRI) presentó iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión.

La reforma a los artículos 59, 62 y 90 tiene como uno de sus objetivos que el Consejo Nacional de Radio y Televisión que es la instancia que supervisa las transmisiones, incluya representantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que vigilen el desempeño de los concesionarios, permisionarios y el Ejecutivo.

El artículo 62 establece que las estaciones de radio y televisión estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación a juicio de la Secretaría de Gobernación. Con la modificación se limita este uso para evitar que este recurso se utilice en beneficio de grupos, partidos políticos o poderes diferentes al del Estado.

Se plantea que sólo podrán encadenarse mediante solicitud de la Secretaría de Gobernación, con base en la autorización del Consejo Nacional de Radio y Televisión, a excepción de situaciones de emergencia nacional.

Asimismo, el artículo 59 indica que las estaciones de radio y televisión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias, con duración hasta de 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos y culturales; la reforma propone que se adicionen tópicos de salud, orientación social, igualdad, no discriminación y prevención del delito, además de los que por su interés público autorice el nuevo Consejo.

El documento turnado a laComisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, señala que en la ley de la materia en ningún punto se indica alguna instancia de vigilancia para los órganos de gobierno, ni para el mismo Ejecutivo Federal, sobre el uso del espectro radioeléctrico televisivo.

Añade que la falta de límites precisos sobre el contenido de la información gubernamental fomenta el “populismo” y la “manipulación”.

Subraya que para llegar a un sistema democrático que se caracterice por un manejo de la información pública, sujeto a criterios de interés general, a la ética y a la modernización, es preciso reformar el marco legal que la regula y que hasta ahora es omiso en los contenidos que debe tener, dejándola al criterio discrecional del Poder Ejecutivo.

-- ooOoo --